La comunidad universitaria y ciudadanía en general se movilizan en una nueva marcha federal para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la derogación del DNU 70/23, entre otras demandas.
La V Marcha Federal Universitaria se convoca con tres grandes consignas que leen la problemática universitaria en el contexto de la realidad del país y de los sueños colectivos que construyeron la universidad pública argentina.
Esta nueva marcha es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria y de la ciudadanía de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario. El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley, según los organizadores, pone en riesgo la democracia y el sistema republicano. El Congreso de la Nación y el Poder Judicial han sancionado la Ley, declarado inconstitucional la pretensión del gobierno de anularla y establecido una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 (salarios) y 6 (becas).
El incumplimiento sistemático del gobierno nacional de las leyes con las que no acuerda y de las medidas judiciales que lo obligan a efectivizarlas es, según los convocantes, la expresión de su voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia, reemplazando las funciones legislativas propias del Congreso.
Por ello, convergen con el reclamo ciudadano de derogación del DNU 70/23 que anula leyes emanadas del Congreso y declara otras que no han sido sometidas al debate parlamentario. El Congreso tiene la responsabilidad de defender las instituciones y someter a deliberación todas las leyes necesarias para el país.
La universidad pública emerge con los proyectos de nación y de las provincias. Su consolidación y presente forman parte del debate sobre el futuro del país. Los hitos que conforman el modelo universitario argentino incluyen: la formación de elites a clases medias y populares, la autonomía y el cogobierno, la gratuidad, el ingreso irrestricto, la territorialidad inclusiva, la extensión como articulación con problemas sociales y productivos, y su conformación como espacios de trabajo con derechos.
La ciencia y la tecnología son parte sustantiva de la universidad pública y contribuyen a la soberanía del conocimiento y tecnológica. El desarrollo territorial del sistema universitario y científico-tecnológico es un indicador de su importancia para el desarrollo integral de las regiones.
Hacer ciencia es producir conocimiento e innovación; las universidades son protagonistas del ecosistema innovador que aporta al crecimiento económico y al patrimonio artístico e intelectual. Es obligación del Estado garantizar los derechos a la educación, la producción científica y tecnológica, la salud, el trabajo digno, la cultura, el sostenimiento de una industria nacional y la protección de los recursos naturales; en definitiva, proteger la vida de la ciudadanía y atender el endeudamiento de las familias.
Según los organizadores, este gobierno rompió un consenso fundamental de la sociedad argentina que siempre creyó en la educación, política sostenida por gobiernos muy distintos. El reflejo de esta decisión es el presupuesto presentado por el gobierno, el más bajo de la historia en materia educativa, menos del uno por ciento del PBI. Esta situación debe revertirse para el sostenimiento de la universidad y la escuela públicas.
La universidad pública es una herramienta de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional. Sin embargo, garantizar su gratuidad no alcanza si los estudiantes no cuentan con condiciones económicas para sostener sus estudios, y si el gobierno nacional se niega a cumplir la Ley.
El deterioro del sistema de bienestar estudiantil impacta en el corazón de la universidad pública. Las becas no constituyen un subsidio ni un gasto: son la herramienta para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de miles de jóvenes que necesitan apoyo estatal. Sin un sistema de ayudas económicas actualizado y transparente, el acceso a la educación superior se convierte en un privilegio inaccesible para los sectores más vulnerables y para quienes trabajan y estudian.
Esta realidad se evidencia en la pérdida del poder adquisitivo de programas como las Becas Progresar, cuyos montos se mantienen congelados en $35.000 desde 2024, cifra insuficiente para cubrir costos elementales como transporte urbano o materiales de estudio. A esta depreciación se suma una creciente exigencia de requisitos administrativos de difícil cumplimiento, junto con la falta de claridad y transparencia en las convocatorias y procesos de adjudicación.
A este escenario se añaden la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el virtual congelamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), lo que lesiona la formación de futuras generaciones de investigadores. Desmantelar el sistema de becas no es una mera meta de equilibrio fiscal; representa una política de deserción forzada que amenaza con transformar a la universidad pública en el privilegio de unos pocos.
La decisión del gobierno nacional de asfixiar las universidades nacionales tiene uno de sus núcleos más duros en el ataque al salario y a la negociación colectiva de trabajadores docentes y nodocentes. Esta definición política, a lo largo de casi tres años, produjo un persistente deterioro del poder adquisitivo de los salarios, una precarización de las condiciones de vida de docentes y nodocentes y pone en riesgo las vocaciones académicas, los saberes acumulados y capacidades técnicas y estratégicas. Esto compromete el principal sostén de las instituciones que llevó décadas de esfuerzo construir.
El gobierno nacional no sólo incumple con la Ley de Financiamiento Universitario, también desconoce la institucionalidad de las paritarias. Hay grandes temas que deben discutirse y resolverse: la restitución del FONID, la revisión del nomenclador preuniversitario, los problemas de las plantas docentes y nodocentes, los fondos de capacitación, las garantías salariales y el pase de todos los montos cobrados a sumas remunerativas y bonificables.
Trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales atraviesan un momento crítico en materia de salud y del sistema jubilatorio. No se resignan a perder su salud y su derecho a una jubilación digna.
Las universidades públicas argentinas atraviesan una situación presupuestaria crítica. Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios: se resienten los proyectos de investigación científica, las actividades de extensión en los territorios, la vinculación tecnológica con el medio socioproductivo, la adquisición y actualización del equipamiento y las posibilidades reales de garantizar que miles de estudiantes cumplan el sueño de recibirse.
Las universidades están en riesgo de no poder sostener sus funciones el año próximo. Argentina terminará, por tercer año consecutivo, con uno de los gastos públicos en educación superior más bajos de América Latina.
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso no contempla las partidas requeridas por la Ley de Financiamiento Universitario ni prevé la recuperación de las pérdidas acumuladas en el sistema universitario y científico. En contraposición, la propuesta presupuestaria elaborada por el CIN y elevada a las autoridades educativas nacionales contempla el cumplimiento de la ley y procura restaurar la previsibilidad para el normal funcionamiento institucional y proyectar un desarrollo razonable de la educación superior. El presupuesto para las universidades nacionales debería incrementarse un 33,4% respecto del proyecto de ley presentado por el ejecutivo nacional. De allí la importancia de que la Ley de Presupuesto 2027 contemple el piso previsto en la Ley de Financiamiento y asegure una mejora sustantiva del presupuesto destinado a la educación obligatoria. No hay universidad de calidad sin un sistema educativo integrado y con capacidad de dar respuesta a las demandas y necesidades reales del pueblo.
La situación del sistema nacional de ciencia y tecnología también es crítica. Se evidencia una reducción de investigadores jóvenes, la caída en la adjudicación de becas, la parálisis en el financiamiento de proyectos competitivos —esencial para la compra de insumos e infraestructura— y la interrupción del acceso a las principales publicaciones científicas internacionales. Consolidar una línea de investigación y formar profesionales de excelencia exige más de una década de trabajo continuo, mientras que un equipo de investigación puede desarticularse en pocos meses.
Por todo esto, los convocantes sostienen que las universidades y el sistema científico-tecnológico no están discutiendo hoy sus márgenes de expansión o crecimiento, sino la preservación de las condiciones mínimas de existencia.
El éxodo de científicas y científicos que el país formó es una realidad que debe revertirse de manera urgente. Cada persona que sale del sistema es una carrera que se apaga, es una región que se empobrece. Defender la universidad y el sistema científico-tecnológico es defender que el conocimiento se quede en el país. Es defender el federalismo y hacer soberanía.
La V Marcha Federal Universitaria condensa la voluntad de la comunidad universitaria y del pueblo de defender las universidades públicas como un bien estratégico. Necesitamos más universidad pública, más sistema público de ciencia y tecnología, más educación pública, más Estado garante del derecho humano a la educación y a la vida digna.
Los organizadores expresan su convicción de que la universidad pública argentina no es el problema del país; es una parte fundamental de la solución. Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social.
Los países que se soñaron grandes, capaces de asegurar una vida y un ambiente saludables para sus pueblos, son aquellos que hicieron la apuesta sostenida de tener un sistema de educación de calidad, ciencia y tecnología nacional con capacidades de resolución de sus problemas, y un dispositivo que movilice el talento y la creatividad social en todos sus niveles. Esos sueños son los que se expresan en esta V Marcha.
Por una patria democrática, por una patria soberana, por una patria educada. Viva la educación pública, viva la universidad pública, viva Catamarca, viva el pueblo argentino.