El asesor presidencial Santiago Caputo afirmó que aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son falsas. Organizaciones del sector solicitaron las pruebas. En Catamarca, la suspensión de pagos a 4.300 beneficiarios fue restituida por la Justicia.
El asesor presidencial Santiago Caputo afirmó que «aproximadamente el 60%» de las pensiones por invalidez son falsas. El presidente replicó el mensaje en su cuenta. No se presentó documentación ni resultados de una auditoría que respaldara el número. El Foro Permanente Discapacidad exigió que se presenten las pruebas. Hasta el momento, no han aparecido.
La Derecha Diario mostró a un hombre que salía de una sucursal bancaria con muletas y luego caminaba con normalidad, y se lo acusó de fingir una discapacidad para cobrar una pensión. Chequeado y la Red Federal de Periodismo e Innovación comprobaron que se trataba de un jubilado de 67 años con enfermedad de Parkinson, cuya marcha es intermitente por la propia naturaleza de la afección y cuya hija exhibió el Certificado Único de Discapacidad. La falsedad había sido desmentida con anterioridad y volvió a circular.
El entonces vocero presidencial Manuel Adorni exhibió una radiografía de un perro para denunciar una pensión fraudulenta, sin que ese beneficio hubiera sido otorgado con semejante estudio.
En Catamarca, cuando se suspendieron pagos a unos 4.300 beneficiarios de la provincia, la Defensoría del Pueblo local señaló que el organismo nacional no había acreditado un solo caso individual de certificado falso, y la Justicia restituyó los beneficios por considerar irregular la forma en que se los había interrumpido.
El sistema de pensiones y prestaciones debe ser auditado, con rigor y con transparencia, según sostienen distintos actores. Una auditoría se reconoce por sus procedimientos y sus resultados publicados. Quien identifique irregularidades tiene la obligación de individualizarlas y de actuar ante la Justicia.
Las políticas inclusivas en áreas como discapacidad, salud, educación o ciencia requieren datos verificables, la voz de las organizaciones, de los prestadores, de las familias y de las propias personas con discapacidad, y un debate amplio y plural, con el Congreso como ámbito natural, donde las diferencias se expongan y se procesen para ejecutar políticas que beneficien a los sectores más vulnerables.