La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó dejar sin efecto el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de Karina Milei y de otros nueve imputados. El organismo sostuvo que la investigación se cerró de manera prematura y que quedan medidas de prueba pendientes.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió dejar sin efecto el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA, al considerar que la investigación se cerró de manera prematura y que quedan numerosas medidas de prueba pendientes. El organismo, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, asumió el ejercicio de la acción penal y apeló en subsidio para que intervenga la Cámara Federal si el juzgado rechaza la reapertura.
La presentación, firmada el jueves, cuestiona la resolución del viernes 23 en la que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los once investigados a pedido del fiscal Eduardo Taiano, con el argumento de que los hechos denunciados no constituían delito. Para la PIA, en cambio, la causa sigue en etapa de recolección de pruebas y los elementos reunidos no permiten descartar una maniobra defraudatoria.
“El estado actual del caso no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria. Sin embargo, no alcanzan por el momento ni para avanzar en pedidos de indagatorias, como tampoco para sobreseer”, sostiene el escrito.
Entre los indicios de posible ocultamiento que, según Rodríguez, no fueron valorados, el dictamen menciona el vaciamiento de cajas de seguridad por parte de Mauricio Novelli y su familia, la eliminación de conversaciones con un contacto agendado como “Karina Milei RRPP” en el teléfono de Novelli y la falta del historial previo de WhatsApp en el celular secuestrado a Sergio Morales. También pide analizar las visitas de ambos a la Casa Rosada, autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia, y los registros de llamadas entre Novelli y el Presidente, cuyo contenido no pudo determinarse.
El fiscal objetó además que se diera por agotada la cooperación internacional tras el rechazo de un pedido de asistencia a Estados Unidos, y que algunas tareas de trazabilidad de las operaciones con criptomonedas quedaran sin hacer porque una dependencia del Ministerio Público Fiscal no tenía las licencias informáticas necesarias.
Martínez de Giorgi había entendido que la promoción pública del token no alcanzaba por sí sola para configurar una estafa. La PIA rechazó esa lectura porque, a su criterio, la participación presidencial debe analizarse dentro de una eventual maniobra organizada. “El caso investiga si ‘libra’ se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir”, planteó Rodríguez.
El escrito pide también que declare como testigo una mujer de apellido Beller, que ya había declarado en la causa ANDIS, y que se aclare cómo hizo el Presidente para difundir un contrato que no era de acceso público. Además, propone evaluar si los hechos podrían encuadrar en el artículo 309 del Código Penal, referido a maniobras con instrumentos financieros.
“La incipiente o ausente regulación legal de las monedas virtuales no constituye una carta blanca de indemnidad para sus promotores ni un obstáculo que desampare a los inversores frente a maniobras defraudatorias”, advirtió el organismo.