El exintendente de Santa Rosa recibió este martes una pena de 1 año y 3 meses de prisión por abuso de autoridad. El juez Diego Roberto Chaile Costilla también hizo lugar a la demanda civil y fijó una indemnización de 6 millones de pesos. Guaraz ya cumple nueve años de prisión por abuso sexual.
El exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, fue condenado este martes a 1 año y 3 meses de prisión por abuso de autoridad. El juez Diego Roberto Chaile Costilla, que subroga el Juzgado Correccional N° 1, también hizo lugar a la demanda civil promovida por la querella y fijó una indemnización de 6 millones de pesos.
La pena quedó por debajo de lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, que en los alegatos del viernes había pedido 20 meses de prisión. La querella, a cargo de la abogada Natalia Páez Vaca, había reclamado cuatro años de prisión por abuso sexual y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa, integrada por Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, pidió la absolución por falta de pruebas.
Los abogados sostuvieron que parte de la prueba fue “manipulada”. Cuestionaron las capturas de pantalla incorporadas por la Fiscalía: en dos capturas de una misma conversación, tomadas con un minuto de diferencia, habrían desaparecido dos mensajes sin la leyenda habitual de contenido eliminado. Afirmaron que nunca se acreditó quién los escribió ni se hizo la verificación técnica necesaria.
También señalaron que la denuncia omitió una intimación de pago de abril de 2021 y un decreto anterior. Dijeron además que Guaraz no pudo intervenir en los testimonios, en la visualización del celular ni en la pericia informática, y cuestionaron la cadena de custodia del teléfono. Sobre el pedido de la querella de cambiar la calificación, dijeron que era como “llegar a juicio acusado de abuso de autoridad y que se pretenda una condena por homicidio”. “No fue una investigación: fue la confirmación de una denuncia”, resumieron.
El juicio comenzó el 22 de octubre, tras postergarse por un cambio de abogados defensores. La acusación sostenía que Guaraz usó de forma arbitraria las facultades municipales al ordenar la clausura de un comercio vinculado a la denunciante, Shirli Cordero. La imputación se encuadró en los artículos 248 y 45 del Código Penal. Guaraz negó los hechos y habló de una causa política.
Condena previa
Guaraz está detenido en el penal de Miraflores, donde cumple nueve años de prisión por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad. La condena quedó firme en febrero de 2026, cuando la Corte de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal de su defensa.