El magistrado, que subroga el Juzgado Correccional N° 1, dará a conocer su decisión en el proceso por abuso de autoridad contra el exintendente de Santa Rosa. Durante los alegatos, la Fiscalía solicitó 20 meses de prisión, la querella 4 años por abuso sexual y la defensa la absolución.
El juez Diego Roberto Chaile Costilla, que subroga el Juzgado Correccional N° 1, emitirá este martes su sentencia en el juicio por abuso de autoridad que se realizó la semana pasada contra el exintendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz.
En la audiencia de alegatos de cierre, realizada el viernes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió 20 meses de prisión, mientras que la abogada querellante, Natalia Páez Vaca, solicitó que Guaraz sea condenado a 4 años de prisión por abuso sexual, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Por su parte, los abogados de Guaraz, Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, pidieron la absolución por falta de pruebas y consideraron que parte de los elementos probatorios valorados durante el debate fueron «manipulados», vulnerando los derechos del exintendente.
Además, cuestionaron el planteo realizado por la querella —que también es actora civil—, asegurando que no existió el presunto acoso sexual en perjuicio de la comerciante denunciante, Shirli Cordero.
También criticaron la investigación efectuada por la Fiscalía, aduciendo que varias capturas de pantalla que presentó para que fueran incorporadas al expediente estaban «parcializadas». Señalaron, además, que la Fiscalía no advirtió que, entre los chats visualizados en el MPF y las capturas aportadas, había mensajes que supuestamente habrían sido borrados.
En este sentido, dijeron que existen dos capturas de una misma conversación, tomadas con apenas un minuto de diferencia, pero que en la segunda habrían desaparecido dos mensajes sin que apareciera la leyenda habitual que deja el sistema cuando un contenido es eliminado.
Sostuvieron que nunca se pudo acreditar quién escribió esos mensajes y que no se realizó la verificación técnica que, según la defensa, el propio fiscal había considerado necesaria.
A estas observaciones sumaron que la denuncia habría omitido mencionar una intimación de pago de abril de 2021 y un decreto anterior, elementos que, de acuerdo con los abogados, resultaban relevantes para comprender el origen del conflicto.
En cuanto a la pretensión de la querella de modificar la calificación legal, Bracamonte (h) y Quiroga Barros manifestaron que «es como llegar a juicio acusado de abuso de autoridad y que se pretenda una condena por homicidio. Nadie puede defenderse de una acusación que nunca le formularon».
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al modo en que se desarrolló la investigación. Los defensores afirmaron que los testimonios, la visualización del teléfono celular y la pericia informática se realizaron sin intervención de Guaraz.
Según plantearon, el exintendente no tuvo siquiera la posibilidad de proponer un perito de parte. Remarcaron, además, que el Ministerio Público Fiscal omitió tomar declaraciones a trabajadores municipales para ampliar la información sobre el procedimiento administrativo que derivó en la clausura.
A su vez, cuestionaron que no se profundizara en el conflicto comercial vinculado con el alojamiento durante el Rally, una situación que, según indicaron, había sido mencionada por la propia madre de la denunciante.
También pusieron en duda la cadena de custodia del teléfono celular utilizado como elemento probatorio. «No fue una investigación: fue la confirmación de una denuncia», resumieron los abogados.