La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kristy Coventry, informó que desde los próximos Juegos Olímpicos se utilizará una prueba genética para determinar la categoría de competencia, dejando de lado los niveles de testosterona. La medida aplicará a deportes individuales y por equipos, con excepciones para trastornos del desarrollo sexual.
A dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una nueva norma de elegibilidad para las competencias deportivas. La presidenta del organismo, Kristy Coventry, presentó en marzo la medida que se sustenta en principios biológicos y científicos elaborados por expertos médicos.
La norma considera como única prueba válida la presencia o ausencia del gen SRY, detectado en saliva, con hisopo bucal o muestra de sangre, asociado al desarrollo sexual masculino y que no sufre alteración a lo largo de la vida, para diferenciar entre uno y otro sexo. A partir de los próximos Juegos Olímpicos, ya no se considerarán los niveles de testosterona.
En 2021, el COI había establecido que cada federación deportiva debía determinar el marco para la participación de las mujeres trans. Los casos de la halterófila Laurel Hubbard, primera atleta transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos, y de la boxeadora con hiperandrogenismo Imane Khelif, medalla de oro en París 2024, antecedieron el nuevo anuncio.
La medida no tendrá efectos retroactivos y aplicará tanto para deportes individuales como por equipos. Se contemplarán «raras excepciones» como diferencias o trastornos del desarrollo sexual. Los atletas transgénero XY y con trastornos del desarrollo sexual sensibles a los andrógenos competirán en las categorías masculinas.
El COI había recomendado inicialmente respetar la identidad de cada deportista de élite, usando el nombre con el que se identifican y evitando enfoques invasivos o inapropiados. Esa recomendación se enmarcó en un debate global que excede lo estrictamente deportivo.
Organizaciones y activistas que trabajan en derechos de las personas LGBTIQ+ sostienen que la decisión implica un retroceso que alimenta el estigma y la discriminación, y plantean que vulnera el derecho a la identidad de género reconocido en diversas legislaciones. El COI afirma que los nuevos parámetros de elegibilidad se basan en recomendaciones de expertos médicos y en una prueba no invasiva.