El Instituto de Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Ciudad propone la tokenización documental de consorcios y administraciones para mejorar el control de gastos y reparaciones en edificios. La iniciativa busca garantizar la trazabilidad de la información y facilitar el acceso a los propietarios.
El Instituto de Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Ciudad propuso la tokenización documental de consorcios y administraciones, con el objetivo de contener una historia organizada, verificable y sencilla de consultar sobre las decisiones y gastos en los edificios.
Según explicó a Clarín Fabián Ramos, abogado especialista en consorcios, «cada documento debe relacionarse con sus antecedentes y cada modificación debe ser respaldada con una constancia. El objetivo es que los propietarios puedan controlar y decidir sin depender de la voluntad de una gestión».
La propuesta apunta a que exista una trazabilidad de las acciones que impactan en un edificio y sus habitantes, como elegir una obra, contratar un proveedor o postergar una reparación.
Ramos sostuvo que «para cuidar el patrimonio, el acceso debe estar asegurado antes de que surja el problema. Cuando aparece una deuda inesperada, se agrava una falla o se interrumpe una gestión, puede ser tarde para empezar a reunir papeles».
En ese sentido, consideró que «organizar la información desde el comienzo permite advertir vencimientos, consultar trabajos pendientes y pedir explicaciones a tiempo. Los propietarios debemos impulsar esa continuidad mientras el consorcio funciona, sin esperar a que un conflicto nos obligue a reclamarla».
El especialista mencionó ejemplos como el mantenimiento de ascensores, donde relacionar contratos, facturas e informes permitiría generar avisos antes de perder coberturas o garantías.
La propuesta se da en un contexto en el que las expensas representan un gasto significativo para los hogares. Según datos de Consorcio Abierto, el 33% del gasto corresponde a salarios, seguido por mantenimiento y gastos operativos (28%), servicios públicos (13% al 15%) y costos administrativos (14%).
Respecto a la seguridad y acceso a la información, Ramos indicó que debería tener distintos niveles: «Un propietario, un profesional autorizado, el consejo o una autoridad competente no necesitan ver exactamente lo mismo. Se deben respetar los diferentes permisos. Los datos personales, laborales y bancarios requieren protección».
La condición central de la propuesta es que «la memoria -la información- permanezca ligada al consorcio. Si cambia el administrador o se reemplaza la plataforma de gestión, el propietario debería seguir consultando la misma historia».