El Gobierno modificó la reglamentación del RIGI: empresas extranjeras podrán ser proveedores locales

El Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, establece que las sociedades constituidas y domiciliadas en Argentina serán consideradas proveedores locales sin importar el origen de su capital. También introduce cambios en plazos de inversión, cesión de participaciones y acceso al mercado de cambios.

El Gobierno nacional introdujo cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La modificación central dispone que una empresa constituida y domiciliada en Argentina será considerada proveedor local, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital. De esta manera, se modifica el Decreto 749/2024, que reglamentó el capítulo de la Ley Bases dedicado al RIGI.

Según los fundamentos de la norma, la experiencia acumulada desde la puesta en marcha del régimen mostró la necesidad de hacer “adecuaciones puntuales” para precisar algunas disposiciones.

Con la nueva redacción, son proveedores locales las personas humanas con domicilio fiscal en el país y las sociedades constituidas y radicadas en territorio argentino que presten servicios o provean bienes a proyectos adheridos al régimen. El Gobierno argumentó que el cambio busca sumar a las empresas instaladas en el país a las cadenas de suministro de las grandes inversiones y que el origen de su capital no debe ser, por sí solo, un obstáculo para participar. En el caso de los bienes, seguirá rigiendo el criterio de origen nacional que fija el Mercosur.

Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, el decreto establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del proyecto en su conjunto, separada de los compromisos que se asumen para cada una de sus etapas. Los fundamentos indican que la medida busca evitar confusiones entre una exigencia y otra, sin alterar los montos previstos para cada fase.

Otro de los cambios apunta a la compraventa de participaciones. Cualquier tercero podrá adquirir acciones de una empresa adherida al RIGI sin que eso afecte sus beneficios, aunque esa compra no podrá computarse como inversión para cumplir con el mínimo exigido por la ley.

Las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos que funcionen como vehículos de proyectos RIGI también podrán ceder participaciones o incorporar socios. Deberán informarlo a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días de inscripta la operación, con el consentimiento del resto de los miembros y la acreditación de que el nuevo integrante asume los compromisos de inversión y las garantías pendientes. El organismo tendrá 30 días para objetarla; si no lo hace, se dará por aprobada. El socio saliente seguirá respondiendo de manera solidaria por las obligaciones generadas hasta ese momento.

En el caso de las sucursales dedicadas, se habilita que transfieran todos los activos, pasivos y obligaciones del proyecto a una sociedad anónima creada a tal efecto, previa autorización. La nueva empresa reemplazará a la sucursal con todos sus beneficios y compromisos, sin que eso implique una nueva adhesión ni cambie la fecha original o los plazos. Esa autorización, aclara el decreto, no reemplaza el consentimiento de terceros que pueda requerirse para transferir concesiones o permisos.

Por último, se modificó el esquema de acceso al mercado de cambios. El Banco Central podrá condicionar ese acceso para las empresas que hayan contado con el beneficio sobre los cobros de exportaciones a que las divisas ingresadas y liquidadas igualen o superen las que demanden. A partir de ahora, en ese cálculo también se computarán los dólares que aporten o consigan vía deuda externa los accionistas directos o indirectos del vehículo, los integrantes de la UTE y la casa matriz de las sucursales, siempre que los fondos vayan efectivamente al proyecto y puedan rastrearse en los registros contables.

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