El Ministerio de Seguridad aprobó este miércoles un programa denominado Plan 90/10 para reducir la tasa de homicidios en los diez municipios que concentran la mayor cantidad de casos. Entre las localidades más afectadas por la violencia se encuentran Rosario, Santa Fe capital y San Miguel de Tucumán.
El Plan tiene como objetivo reducir la violencia en los 10 municipios donde suceden el 90% de los asesinatos, de acuerdo a las cifras de la cartera que conduce la ministra Patricia Bullrich, a través de una mayor coordinación entre las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. De manera que, el Estado busca recuperar el control territorial en las zonas de mayor conflictividad.
La importancia del programa radica en las cifras alarmantes de las localidades seleccionadas, que incluyen, como ya se dijo a Santa Fe, Rosario, San Miguel de Tucumán, pero también a las localidades bonaerenses de General Pueyrredón, San Martín, Esteban Echeverría y Tres de Febrero; a las mendocinas de Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras, y finalmente, Córdoba.
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Rosario encabeza la lista de prioridades por ser la más sangrienta, cada 100.000 habitantes tuvo en 2023 16,5 de asesinatos, le sigue Santa Fe con 13,1 y Tucumán con 8,3 de víctimas. En la provincia de Buenos Aires, la localidad con mayor tasa de homicidios fue Esteban Echeverría, con 7,9 cada 100.000 habitantes.
El hecho de que haya una mayor cantidad de casos en esos municipios, en comparación con otras áreas del país, responde a múltiples factores. El Ministerio sostiene que en los lugares donde ocurren las tasas más altas, se combinan “narcocriminalidad y la marginalidad social” que “favorecen el control territorial por parte de los grupos criminales». Al mismo tiempo señala que «los homicidios suelen estar asociados a otras formas de violencia, como la violencia intrafamiliar y/o la violencia juvenil”.
A pesar de los números alarmantes, el Gobierno remarcó que, en términos generales, «la tasa de homicidios en Argentina se mantiene en niveles relativamente moderados comparada con otros países de la región» y agregó que todavía «persisten focos críticos en ciertas áreas urbanas y territorios con alta vulnerabilidad social».
Para atacar esa realidad, el Plan se propone “desarticular redes delictivas y estructuras criminales que promueven la violencia letal en los territorios seleccionados; recuperar el control territorial en zonas de alta conflictividad donde el Estado ha perdido presencia frente a actores violentos; fortalecer las capacidades de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y el sistema de justicia para mejorar la tasa de esclarecimiento y sanción de los homicidios intencionales».
El plan consta de tres etapas, de diseño, implementación y control de la ejecución del mismo. El programa incluye acciones de prevención, como “programas de desarme, mediación de conflictos, prevención de violencia juvenil”, de control, que contempla “el refuerzo de la seguridad en zonas críticas, patrullaje focalizado, instalación de tecnologías de vigilancia” y de “persecución penal: Fortalecimiento de las investigaciones criminales, coordinación entre fiscalías y Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, uso de inteligencia criminal.
LM / Gi