Parece un juego inocente. Pero lejos está de serlo. Ver eventos deportivos a través de transmisiones ilegales provoca un daño enorme y convierte, además, a los telespectadores en víctimas -y también en cómplices- de un delito de larga escala. Y no se trata de una exageración. Porque, más temprano que tarde, todos pierden. Salvo los piratas que por ahora siempre salen victoriosos. Por ahora, claro… En esa lucha denodada, como muchas organizaciones de la industria del entretenimiento, está involucrada LaLiga de España, que sufre el impacto de la falta de regulaciones a nivel mundial contra el fraude audiovisual y lo dimensiona con un número que paraliza: estiman que las pérdidas rondan entre los 600 y los 700 millones de euros por año.
Los principales damnificados son los clubes. Se trata de una cuenta directamente proporcional. Ante una ganancia inferior, el reparto de dinero también es menor entre los participantes de la Primera y la Segunda División de España. Pero no son los únicos perjudicados. Es que el fútbol base -al que LaLiga debe destinar el 2,5 por ciento de sus beneficios- y los atletas olímpicos -el 1,5 por ciento de lo embolsado ayuda a financiar al Consejo Superior de Deportes de España– también ven recortados sus ingresos. Lo mismo ocurre con el fisco que, obviamente, deja de recaudar ante la menor cantidad de ingresos.
Son estimaciones, claro. Nadie garantiza que aquel que actualmente no paga por el contenido se convierta automáticamente en suscriptor ante la imposibilidad de acceder al contenido en forma irregular. Pero sirven para comprender el por qué de la enorme preocupación que despierta en el organismo conducido por Javier Tebas.
Como contrapartida, los cibercriminales no paran de ganar. En 2022, de acuerdo a diferentes estudios, sus acciones por fuera de la ley movieron cerca de 7 billones de euros. Sí, leyó bien: doce ceros detrás del 7. Es un negocio inmenso que tiene también una altísima tasa de impunidad. ¿Por qué? Resulta muy complejo, más allá de los nombres conocidos por todos, identificar los responsables de los sitios y de los canales ilegales. Además son delitos nuevos que en muchos países ni siquiera forman parte de las actualizaciones de los añejos códigos penales. Así casi nadie paga las consecuencias.
Ojo, no se trata de un padecimiento exclusivo de LaLiga. En la misma pelea andan la Premier League, la NBA, la NFL y la UFC, entre otras organizaciones deportivas que no son otra cosa que jugadores fuertes del entretenimiento mundial. Son los dueños de los derechos y ven cómo otros los usufructúan sin pausa y sin castigo. Algo similar padecen las cadenas televisivas y las OTT que adquieren esos derechos para su retransmisión. Las pérdidas son cuantiosas.
Claro que no se quedan de brazos cruzados. Los dueños de los derechos trabajan en conjunto con los broadcasters para frenar esta sangría. Pero no es sencillo. Entienden que los cibercriminales no están solos. Porque las plataformas ilegales de streaming cuentan con la complicidad de diversos actores que conforman un ecosistema muy complejo y que hoy en día poco y nada hacen para frenar a la piratería. Porque el delito no sería posible sin la colaboración de los hostings que alojan a las páginas web, de los proxys que enmascaran las IP, los motores de búsqueda, los canales de distribución -redes sociales, sitios webs y hasta aplicaciones de mensajería-, los sistemas operativos, incluidas las tiendas de aplicaciones, y hasta los proveedores de internet.
“Es verdad que las mafias iniciales, los que cuelgan un partido, son el problema. Pero Google, Cloudflare y en menor medida X (la ex Twitter), son partícipes necesarios para que se consume el delito y LaLiga no va a parar hasta que vayan a la cárcel y yo soy muy testarudo. A los de Google les dije: un día van a bajar (en el aeropuerto) a un país y su CEO va a ir preso, estamos dando batallas en todos los países”, advirtió Tebas, a finales de 2024, para visibilizar la problemática en una charla con Clarín.
LaLiga tiene su cuartel general en el cotizado barrio Arturo Soria, en Madrid, pegadito a la autopista M30 y a unos cuatro kilómetros a pie del estadio Santiago Bernabéu y su nueva fachada de nave espacial. Allí, en sus oficinas en la Ciudad Lineal, armó un War Room donde el equipo de Operaciones Antifraude monitorea cada fin de semana el accionar de la piratería con tecnología desarrollada por ellos mismos y con ayuda de la inteligencia artificial. Y la combate en forma instantánea a través acciones judiciales -tanto civiles como penales- y también con bloqueos dinámicos y denuncias contra las IPTV más populares, como el caso de MagisTV, hoy muy difundida en Argentina.
«Nosotros hemos desarrollado un pool de soluciones tecnológicas in-house que nos permite capturar mucha información en internet para detectar si se están retransmitiendo nuestros contenidos. Esa información se analiza, se verifica y se solicita la eliminación de aquellos que están cometiendo el delito. Del otro lado, no obstante, tenemos también a grandes organizaciones y a equipos que están aplicando contramedidas a nuestra medida. Entonces, para nosotros es muy importante estar vigilando qué es lo que está ocurriendo y poder conocer qué es lo que están haciendo por su lado», explica José Ignacio Carrillo, Global Content Protection de LaLiga, en diálogo con Clarín.
Se trata de una guerra sin cuartel. Es que, como reza el refrán, hecha la ley, hecha la trampa. Apenas LaLiga logra bloquear una IP que retransmite un partido de fútbol en forma ilegal, los piratas ya tienen bajo la manga una o más IP para volver a subir la señal. Porque lejos están de ser benefactores. No son una especie de Robin Hood tecnológico que libera contenidos pagos a quienes no pueden acceder a ellos sin quedarse sin ningún botín. Todo lo contrario. Recaudan millones y millones a través de las publicidades programáticas que se disparan. Y el negocio no termina allí. También embolsan millones y millones gracias a la ignorancia -o el apuro- del espectador cautivo. Es que a través de un malware están a un clic de acceder a todos los datos que están almacenados en sus dispositivos personales. Nada es gratis en el vida. Puede resultar carísimo. Al igual que las multas que ya empezaron a recibir los usuarios finales en España, que alcanzan los 450 euros.
El caso de Argentina, justamente, es uno de los que más preocupa a LaLiga. Es que en España y en otros países de Europa ya existe jurisprudencia y eso ayuda a la inmediatez de los bloqueos dinámicos a los IP infractores. Apenas son detectados en el War Room se los puede denunciar a los proveedores de internet para que automáticamente sean dados de baja. En Brasil, luego de un trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) están a punto de implementarlo. En nuestro país, en cambio, todavía no se pueden llevar adelante. Se bajan las transmisiones piratas través de otros métodos que no son tan eficaces -bloqueo de DNS-, sobre todo teniendo en cuenta que los cibercriminales siempre están un paso adelante y listos para subir otra señal.
«En Argentina los procedimientos son lentos. Es decir, yo tengo que solicitar un procedimiento penal y necesito que un juez me otorgue una medida de acción. Eso lleva tiempo. Luego el principal problema que veo es que las medidas no son dinámicas. Eso nos impide actuar al mismo tiempo que el que el pirata está cambiando la dirección IP o está creando un dominio nuevo. Entonces eso es un problema para nosotros. Ahí lo que nosotros requerimos es agilidad. A día de hoy nosotros estamos bloqueando y estamos enviando contenido a bloquear, pero eso no es en vivo y en directo», detalla Carrillo.
Es por eso que desde LaLiga vienen trabajando con ENaCom, el organismo público que regula las comunicaciones en Argentina, y con la justicia para poder emplear la herramienta de los bloqueos dinámicos. La explicación es sencilla: son batallas que duran los 90 minutos que se juega cada partido. Antes o después, nada sirve.