El tema se perdió entre las noticias, pero de ese primer sábado de abril en que el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco fue demorado por un control de alcoholemia (que se negó a cumplir) quedaron un par de efectos: una denuncia penal contra el funcionario y algunas dudas ligadas a las 135 multas impagas por $ 21,5 millones que tenía el auto oficial con el funcionario al volante. Acá va una: ¿Es cierto que los gobiernos nunca pagan las multas de tránsito que les hacen?
En esos días de abril, esa afirmación llegó a oídos de esta cronista por una fuente especializada del sector. Dijo tres cosas: 1) que los autos oficiales incumplen las normas de tránsito creyendo que gozan de una “luz verde” que legalmente no tienen. 2) Que rara vez pagan las multas que les computan. 3) Que nadie, ninguna autoridad vial o gubernamental, les reclama saldar esas infracciones.
El Estado es un cuerpo voluminoso, que además tiene 24 representaciones jurisdiccionales. En este informe sobre datos concretos de multas hechas a autos oficiales, en base a lo informado tras un amplio pedido de acceso a la información pública, se hizo un hizo un recorte. Se puso el foco en el Estado nacional, y más específicamente, en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Un botón de muestra de una situación que se repite en todos los poderes, jurisdicciones y administraciones a lo largo del país.
¿Cuántos vehículos oficiales tienen las flotas de las distintas dependencias del PEN? ¿Tienen multas? ¿Las pagaron? ¿Cuánto deben? Las respuestas a estas preguntas fueron provistas por algunas de las muchísimas dependencias del PEN.
Varias dieron todos los detalles. Otras sólo informaron cómo se compone su flota de autos oficiales, y de las multas, nada. Otras en cambio detallaron las multas impagas pero, de los montos adeudados, nada.
Otras escamotearon la información con distintas excusas. Y cuatro ministerios no contestaron. Son Economía, Justicia, Seguridad y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Las pocas deudas informadas suman $ 451.228.460,70.
Multas impagas: el mito del libre tránsito
Cuando se difundieron las multas del auto oficial que manejaba “Carli” Bianco, un empleado de un organismo ligado al poder Legislativo dijo a Clarín algo que otras fuentes esbozaron. Dijo que “los autos con chapa oficial tienen libre estacionamiento” (cierto), pero que, además, “tienen libre tránsito, o sea que en ciertas situaciones pueden superar el límite de velocidad permitido” (falso).
Esa creencia errónea se volvió mito instalado. Los autos oficiales no están más allá de las normas viales y sólo en casos puntuales tienen trato diferencial. Por ejemplo, hay legislación que exime a algunas áreas (como las militares) del pago de peajes. Sin embargo, esa ley no aplica para los autos oficiales de todos los “ravioles” del Estado.
Otro ejemplo es el asunto estacionamiento “libre”, algo que no aplica igual en todas las jurisdicciones. Ilustra bien el tema el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde es usual que autos oficiales dependientes de Nación pretendan (con el permiso nacional visible) estacionar en lugares no permitidos, sin contar con el permiso porteño que deberían tramitar.
El extremo de esas escenas es lo que se contará abajo: que la ciudadanía deba cumplir normas que sus representantes incumplen cada vez que vehículos y choferes no están en condiciones de cumplir con un elemental libre deuda.
Pocos autos, muchas multas
La Jefatura de Gabinete de Ministros, área conducida por Guillermo Francos, tiene una flota compuesta por 27 vehículos. Acumula más de 1.000 multas sin pagar. “Se está procediendo a la regularización de las mismas”, expresaron desde esa cartera, en la respuesta a Clarín, sin precisar si las infracciones se cometieron en los últimos meses, en los últimos años o en las últimas décadas.
Si bien proveyeron las patentes, modelos y año de fabricación de cada auto, no informaron los montos a los que ascienden las 1.024 infracciones impagas que registran. Pero es interesante la distribución de multas por rodado. Hay un auto que no tiene ninguna multa. Otro tiene solamente una. Otros, dos. Otros, algunas más. Sin embargo, un par de vehículos llaman particularmente la atención.
El primero es modelo 2013. Le hicieron casi tantas multas como a Bianco: 131. El segundo es un auto de 2016 que en menos de diez años superó las del vehículo del asesor bonaerense: 143 multas. Todas, las 131 y las 143, están impagas.
Otra jurisdicción que acumula deudas viales es la Subsecretaría de Ambiente, área con una flota de 30 autos, más otros 20 que en esa dependencia califican como “no operativos, pero con multas anteriores”.
Los primeros 30 vehículos tienen 161 infracciones en la Provincia de Buenos Aires. La deuda llega a $ 34.050.129. En la Ciudad de Buenos Aires les elevaron 529 multas. Ascienden a $ 97.916.359,70.
Los 20 autos restantes (“no activos”) también tienen sus deudas. Al Gobierno bonaerense les deben $ 4.590.672 por 21 infracciones. A CABA, $ 46.251.101,30, por 363 multas impagas.
Hay más. Dentro de esa subsecretaría orbitan áreas más chicas, que también respondieron el pedido de Clarín. Las identifican con siglas: SST (por Subsecretaría de Turismo, con sede en CABA), SSD (por Subsecretaría de Deportes, en CABA), UTE (por Unidad Turística de Embalse, Córdoba) y UTCH (por Unidad Turística de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires).
Compartieron el reporte de los 36 vehículos que poseen. Uno tiene 132 multas. Otro, 158. Otro, 256. Todas sin pagar. Los 36 vehículos de esas cuatro áreas tienen asociadas 1.377 multas. La deuda llega a $ 228.243.603,50.
Las multas impagas del Ministerio de Defensa
Del Ministerio de Defensa -sección del Ejecutivo que maneja Luis Petri- contestaron distintas áreas, algunas con mucho detalle. Una de las que más exhaustivamente lo hizo fue Fabricaciones Militares SAU, la sigla de “Sociedad Anónima Unipersonal”. Pasaron la lista de 179 vehículos bajo su ala, con sus patentes y modelos, entre camiones y camionetas, aunque tienen unos pocos autos y motocicletas.
La mayoría son de los primeros 2000. Los más nuevos llegan hasta 2023, y no faltan ejemplares de los 90, unos cuantos de los 80 y 70, y hasta un par de los años 50.
Sólo cinco de esos vehículos tienen multas impagas, informaron. Una por $ 46.950, dos por $ 47.775, otra por $ 56.871, otra por $ 108.850 y una de $ 242.000. El total es $ 502.446, una cifra pequeña, en comparación con la que informó otro organismo del mismo ministerio.
En concreto, el Servicio Meteorológico Nacional, aérea (ahora fusionada con el Instituto Geográfico Militar) que debe $ 7 millones por 33 multas aplicadas en la Provincia de Buenos Aires, más otras 15 del radio porteño.
Multas de autos oficiales: los descargos ante Clarín
Varios organismos del Ministerio de Defensa aprovecharon para hacer su descargo de que les hacen multas que supuestamente no merecen. Por ejemplo, la Dirección General de Material de la Armada Argentina, organismo dotado con 1.100 vehículos. El 10% de esa flota tiene multas impagas.
Explicaron que, si bien “112 autos oficiales registran infracciones viales con gestiones de regularización y/o pago conforme a las leyes vigentes”, la mayoría corresponden a “infracciones labradas por no advertir oportunamente que se trataba de vehículos oficiales y por lo tanto con libre circulación en el microcentro de CABA y/o exentos de pagar peaje con el trámite de exención ya realizado”.
Hay un caso pariente de ese, que se destaca por la magnitud de las cifras involucradas. Es el del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, organismo que posee 32 vehículos, de los que sólo uno no tiene multas. Los otros 31 suman 1.608 infracciones impagas. Suman $ 32.674.149,20.
En la respuesta a este medio, el organismo aclara que “se iniciaron las tareas de regularización” de la deuda, pero recalcaron que “una gran cantidad de infracciones de vehículos de la flota se deben a la causa de Forzar Barrera / Evadir Peaje Pago Autopista, pese a que los mismos cuentan con el sistema de Telepase instalado, por lo cual se gestionara ante el organismo correspondiente la cancelación de las mismas”.
Otro caso llamativo vino de la Fábrica de Aviones “Brigadier San Martín” S.A. (FadeA), empresa del Ministerio de Defensa. Dieron detalles de su flota de 44 vehículos, aclararon que no tienen multas pendientes de pago y aprovecharon para transmitir una denuncia propia: la existencia de patentes mellizas, que los perjudican.
Admitieron tener “infracciones viales imputadas”, pero enfatizan que se hicieron “erróneamente a vehículos pertenecientes a FAdeA, ya que en todos los casos se trata de automóviles de terceros con patentes duplicadas, que guardan similitud a las de rodados pertenecientes a FadeA”.
Para probarlo, compartieron con Clarín tres denuncias ante juzgados de tránsito y faltas de distintas jurisdicciones, donde reportan que las fotografías que deberían certificar las infracciones, muestran vehículos que no se corresponden con las patentes que lucen.
Los autos de Adorni y Sturzenegger
El área del Poder Ejecutivo con menos autos asignados es la Secretaría de Comunicación y Medios, bajo la conducción de Manuel Adorni. Tienen un auto modelo 2017. No contestaron el detalle de posibles infracciones sin pagar.
Igualmente austeros se mostraron desde el Ministerio de Desregulación y Modernización del Estado, área que maneja Federico Sturzenegger. Explicaron que son un ministerio en construcción y que, como la “plena operatividad” de esta cartera no está alcanzada, parte de la gestión del área (ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos y en materia jurídica) depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Así lo permite el artículo 12 del decreto 585/2024, señalaron.
Luego cerraron con dos párrafos en los que explican por qué no pueden responder las preguntas de Clarín: “Sentado ello, corresponde señalar que esta jurisdicción utiliza 3 (TRES) vehículos oficiales para el cumplimiento de sus funciones, los cuales no pertenecen al patrimonio del organismo, sino que son provistos en virtud del artículo 12º del decreto N° 585/2024”.
Del tema “multas” dijeron que “la información correspondiente a ese rubro se halla en poder de las diversas jurisdicciones responsables de su tramitación, verbigracia, en el ámbito de otros poderes, ya sea el Gobierno de la CABA o los provinciales”. Así, cerraron, “no es dable brindar desde esta área la información solicitada”.
Los autos de Pettovello y Lugones
Ese argumento, o sea la incapacidad desde el poder central de nuclear información elemental de lo que ocurre en las provincias con los vehículos de la flota propia, fue repetido por otras dependencias. Por ejemplo, en el Ministerio de Capital Humano, cartera que maneja Sandra Pettovello y que condensa tres grandes ex ministerios: Desarrollo Social, Trabajo y Educación.
A diferencia del Ministerio que conduce Sturzenegger, Capital Humano no tiene tres sino 362 autos oficiales. Sin embargo, no pudieron dar ningún dato adicional. Explicaron que, “en virtud de la normativa vigente”, no les es “factible satisfacer el requerimiento del detalle solicitado”, ya que “la metodología de aplicación de las sanciones indicadas se efectúa de manera descentralizada”. Esto es, que “el procedimiento y gestión de su notificación, la cuantía y pago de ellas (las multas), corresponde a cada una de las jurisdicciones, y a los municipios que las integran».
Igualmente poco informativos fueron desde el Ministerio de Salud, dependencia del Ejecutivo bajo el ala de Mario Lugones. Aunque transmitieron la lista de los 10 vehículos de su flota con las patentes respectivas (los más viejos son de 2009, los más nuevos, modelo 2017), respondieron: “En efecto, no tiene este organismo registro de infracciones viales pendientes de pago, por lo que se sugiere realizar las pertinentes consultas a las jurisdicciones respectivas, ya que resulta ser una atribución local”.
Multas, información confidencial y seguridad nacional
También desde la Secretaría Legal y Técnica sugirieron a este medio consultarles a las jurisdicciones si ellos tienen registros de multas impagas. Reportaron tener 14 autos, de los cuales 9 “se encuentran en proceso de baja”.
Para excusarse, se ampararon en el causal de excepción que prevé la Ley de Acceso a la Información Pública, siempre que la divulgación de los datos pedidos “pudiera poner en riesgo la seguridad de personas, estructuras o sistemas, o la defensa o seguridad pública”.
En la misma normativa se amparó la Vicejefatura de Gabinete del Interior, cartera que maneja el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y que tiene una flota de 86 unidades. Dieron un detalle amplio de las características de cada vehículo, pero señalaron que no son “sujeto obligado” para dar la información de las multas, que deberán ser solicitadas a las jurisdicciones.
En la Casa Militar, igual. Recordaron que se dedican a “proveer la seguridad del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los ex mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia presidencial de Olivos”, entre otros, e invocaron el “principio de seguridad”, que “implica la adopción de un conjunto de medidas destinadas a prevenir la sorpresa, preservar la libertad de acción y proteger información delicada”.
El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tampoco contestó. Recomendaron a esta cronista consultar en otros organismos, una situación que se repitió en la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional -propiamente dicho-, en un creativo escrito en el que dirimen legalmente sobre si pueden o no dar la información solicitada. Concluyen que no.
En busca de un libre deuda
El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM) es un organismo poco conocido, pero en esa dependencia compartieron los datos de su flota de 13 vehículos, 5 de los cuales están en “depósitos, a la espera de subasta pública”. No tienen infracciones impagas, aseguraron.
En los “Talleres Navales – Dársena Norte” informaron no tener autos oficiales propios. En la Dirección General de Administración del Ministerio de Defensa reportaron 17 vehículos, de los que no dieron ningún detalle. Se ampararon en la normativa comentada para no hablar de las multas. Lo mismo, en la Dirección General para la Administración Logística del Ministerio de Defensa, área que tiene 23 vehículos oficiales.
Ese Ministerio tiene más organismos de los que uno imaginaría. Varios contestaron la consulta de Clarín, acusando recibo pero sugiriendo -como habían dicho otras áreas- que lo solicitado es “secreto militar”. Así lo hizo la Inspectoría General del Ejército Argentino, que denegó la solicitud en un extenso texto argumentativo.
Por fin, también dio información la Universidad de la Defensa Nacional. Dijeron que tienen sólo dos autos, ninguna multa y documentaron su afirmación: “Se adjunta libre deuda”.
MG / AS