“Donde se toque, en el ministerio que se toque, algo huele mal”, sentenció Isasmendi. “Esto tiene que ver con que se destapó una olla que alguien quiso destapar, pero hay muchas más por abrir”.
Embed – SOBREMESA 22-07-25Dra. Noemi Isasmendi
Desconfianza, hambre e informalidad
Isasmendi vinculó la trama de corrupción con la crisis social: «Uno sale a dos o tres cuadras o va a San Pedro y ve la informalidad, el hambre, el ánimo de la gente destruido, la deserción escolar… y mientras tanto, el Estado les roba desde sus propias instituciones».
También fue crítica con el blindaje informativo que impera en Jujuy: «No hay datos. La DIPEC da un 0,8% de inflación y nadie lo cree. Cada vez que buscamos información, no encontramos nada. Es una burla».
En ese sentido, trazó una línea directa entre la falta de transparencia estatal y el descrédito creciente hacia la política y el Estado: “Estas irregularidades son aprovechadas por quienes quieren romper el Estado. El enojo social crece y la desconfianza se profundiza”.
El contravencional como herramienta de disciplinamiento
La diputada electa también denunció que el Juzgado Contravencional, lejos de limitarse a su función legal, fue utilizado como un “vehículo de persecución y disciplinamiento político”, afectando a organizaciones sociales, abogados, militantes y dirigentes opositores: «Esto termina siendo una burla para la sociedad. Hubo colegas que padecieron este aparato que fue usado para callar voces”.
“El ministro debe dar la cara”
Isasmendi reclamó al secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, que no se esconda detrás de una frase de compromiso: “Decir que no van a encubrir a nadie no alcanza. Hay una cadena de mando. Si el contravencional dependía del Ministerio, entonces . Necesitamos saber: ¿hubo malversación de fondos? ¿Dónde fue a parar la plata?”.
Pidió respuestas urgentes y concretas: una conferencia de prensa, detalles de la causa, devolución de lo robado y un mensaje institucional firme: “La gente que pagó su multa fue estafada. Si alguien plantea la nulidad de esos procesos, ¿la provincia va a devolver esa plata? ¿Quién se hace cargo?”.
Silencio legislativo y crisis ética
Isasmendi también señaló el mutismo absoluto de la Legislatura ante la crisis: “¿Nadie va a pedir un informe? ¿Nadie va a explicar lo que está pasando? Si yo ya estuviera en mi banca, lo primero que haría sería exigir explicaciones. No puede ser que esto pase como si nada”.
Finalmente, concluyó con un llamado a la responsabilidad política: “Estamos ante una crisis institucional y ética. Si el gobierno radical está pensando en las elecciones de octubre, primero debería dar respuestas. Porque si se siguen destapando ollas, vamos a tener una verdadera crisis de gestión y de gobernabilidad”.
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( El juez Matías Ustarez Carrillo con el diputado Juan Brajcich)