El cosecretario general de la CGT Carlos Acuña fue beneficiado con una probation y así evitará un juicio en su contra en el marco de una causa por un bloqueo a una estación de servicio, aunque deberá realizar cuatro horas mensuales de trabajos comunitarios y abonar una indemnización de $8 millones a la empresa afectada por la protesta.
El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal dispuso la suspensión del juicio en el que Acuña estaba procesado y embargado por el bloqueo contra una estación de servicio porteña, ubicada en la avenida Jujuy y México, sucedido el 21 de diciembre de 2021.
En cambio, el líder del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (SOESGyPE) recibió una probation por la cual deberá hacer trabajo comunitario y pagar la indemnización para compensar el daño de la protesta.
El miembro del triunvirato de la CGT estaba procesado y embargado por 8 millones de pesos desde noviembre pasado, luego de que la Justicia lo considerara responsable del delito de coacción en calidad de autor por el bloqueo contra la estación de servicio en 2021.
La decisión fue adoptada hace ocho meses por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó el sobreseimiento judicial que lo había beneficiado en 2022.
Si bien el juzgado de primera instancia dictó en aquel año el sobreseimiento de Acuña, por entender que las manifestaciones se enmarcaron dentro del ejercicio del derecho a huelga, posteriormente la Sala IV dio vuelta el fallo y, en 2024, dictó el procesamiento del representante sindical.
El sindicalista aliado al líder gastronómico Luis Barrionuevo fue denunciado ante la Justicia por el empresario Antonio Roberto Rizzo, con el patrocinio de la abogada y dirigente de La Libertad Avanza Florencia Arietto, por una serie de bloqueos dispuestos por unos 100 afiliados de su sindicato durante dos días.
Finalmente, el juez Domingo Luis Altieri suspendió el juicio, fijó los trabajos comunitarios y consideró razonable el ofrecimiento de $8 millones a la empresa.
Además, estimó como adecuado el término de 18 meses en los que el acusado deberá mantener informado el domicilio en el que vive e informar si egresa del país, mientras que deberá presentarse trimestralmente ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.