El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) decomisó ayer, en Gancedo, unas 26 toneladas de frutas frescas que eran transportadas desde Misiones hacia Tucumán sin cumplir la normativa sanitaria vigente.
La carga, compuesta por uvas, mango, melón, cúrcuma, coco, ananá, sandía, pitaya, papaya, maracuyá, palta y jengibre, fue inspeccionada en un control de rutina, en la Ruta 89, por agentes del Centro Regional Chaco-Formosa del SENASA, quienes constataron importantes inconsistencias entre los productos transportados y la documentación presentada.
Según el informe oficial, el Documento de Tránsito Vegetal Electrónico (DTV-e) —requisito obligatorio para movilizar vegetales y productos de origen vegetal— no coincidía con lo declarado en cuanto a origen, especie, categoría, variedad y kilos.
Además, algunos productos ni siquiera contaban con el DTV-e correspondiente, lo que representa una infracción grave y un potencial riesgo sanitario, indicó el SENASA.
Los inspectores también detectaron que parte de la carga llevaba etiquetas extranjeras sin la certificación de importación obligatoria, «lo que incrementa el peligro de ingreso de plagas ausentes en el país».
El organismo informó que la normativa vigente establece que el DTV-e garantiza que un técnico habilitado verificó el origen de los productos y las condiciones de empaque, asegurando la ausencia de plagas que puedan comprometer el estatus sanitario de la Argentina. Conocer el origen real de la mercadería es clave para aplicar medidas rápidas en caso de un evento sanitario.
Posteriormente, mediante el sistema de fiscalización inteligente, que permite entrecruzar datos documentales y registros oficiales, agentes del Centro Regional Corrientes-Misiones del SENASA realizaron una inspección en el establecimiento declarado como origen de la carga, ubicado en Campo Ramón (Misiones).
Allí constataron que los cultivos mencionados en la documentación no existían y que el predio pertenecía a otro titular, además de que las condiciones agroclimáticas de la zona no eran aptas para producir las especies declaradas. Esta comprobación confirmó la falsedad de la documentación utilizada para movilizar la mercadería.
Finalmente, ante la evidencia de las irregularidades, el SENASA dispuso la suspensión del registro del establecimiento y ordenó la destrucción total de las 26 toneladas de frutas, que fueron clasificadas como de alto riesgo sanitario.