Recientemente, en una nota que brindó a Radio 2 el único detenido por el escándalo de corrupción en el Juzgado Contravencional N° 1 a cargo de Matias Ustarez ( hoy imputado pero no detenido) se revelaron maniobras de corrupción con las que se recaudaban grandes fortunas a costa de la gente a la que se le imponían contravenciones por el motivo que fuera: un CBU clandestino, un circuito irregular para el cobro de donaciones y una cadena de responsabilidades que llegaba a las altas esferas del gobierno.
Sin embargo, entre las cuestiones más graves está la denuncia de la desaparición de pruebas aportadas, una cuestión gravísima que expone los manejos de la propia justicia que comandó hasta hace muy poco el procurador general, Sergio Lello Sánchez, quien renunció en medio de un escándalo con pedido de juicio político que el gobierno intenta tapar.
Embed – «Matías Ustarez era el jefe de la asociación ilícita», expresó el único detenido de la causa
Consultado al respecto, el secretario de Seguridad de Jujuy admitió públicamente que desaparecieron actas y se borraron pruebas en el marco de la investigación que involucra al exjuez contravencional Matías Ustárez, imputado por presunta asociación ilícita y defraudación al Estado.
La revelación, hecha durante una entrevista, confirma uno de los aspectos más sensibles del escándalo judicial que sacude al fuero contravencional jujeño.
“Entendemos que sí se borraron pruebas, que sí hubo desaparición de actas”, reconoció el funcionario. Y agregó que, desde el Ministerio de Seguridad, se controlaron las cuentas bancarias y toda la documentación disponible, pero parte del material “ya no existía” cuando se inició la auditoría.
La admisión resulta alarmante: implica que evidencias clave para el avance de la causa fueron eliminadas o sustraídas, posiblemente desde el propio juzgado, donde se investigan maniobras vinculadas a cobros irregulares, multas direccionadas y donaciones sin control.
Según detalló el funcionario, el Ministerio de Seguridad realizó una auditoría interna tras conocerse la imputación al juez Ustárez. Todo el material recolectado fue entregado al Ministerio Público de la Acusación (MPA). “Nosotros hicimos una auditoría cuando se presentó la imputación. Todo lo auditado fue entregado al MPA para que se profundice la investigación”, sostuvo.
Tras el escándalo, el Ministerio intentó relanzar el sistema contravencional con un proceso de digitalización total de los expedientes, buscando garantizar trazabilidad en las multas y evitar nuevas irregularidades. Sin embargo, la admisión de que se perdió evidencia en una causa penal en curso deja en evidencia la fragilidad institucional y la falta de control que reinó durante años en el juzgado.
El funcionario reconoció también haber escuchado las declaraciones del detenido en la causa, quien señaló directamente al exjuez Ustárez como el jefe de la asociación ilícita, y dijo que esas afirmaciones “forman parte del expediente y abren nuevas líneas de investigación”.
La gravedad de los hechos reconocidos por el propio secretario de Seguridad vuelve a poner bajo la lupa al sistema judicial y al poder político jujeño: ¿cómo se borran pruebas de una causa penal sin que nadie responda?
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