La causa judicial conocida públicamente como la de los “tuiteros de Jujuy” atraviesa este jueves un momento decisivo. Desde las 16 horas, se desarrolla una audiencia clave en las Oficinas de Gestión Judicial de calle Bustamente en el microcentro capitalino, donde el Poder Judicial deberá resolver si Nahuel Morandini y Roque Villegas son sobreseídos o si el expediente es elevado a juicio oral, a más de dos años del inicio del conflicto.
Durante la jornada, la defensa de los imputados solicitó el sobreseimiento total, al considerar que no existieron delitos y que la causa constituye un avance sobre la libertad de expresión. En contrapartida, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ratificó su postura y pidió formalmente que el caso avance a un juicio oral.
Morandini, profesor universitario, y Villegas, trabajador independiente, fueron detenidos en enero de 2024 tras realizar publicaciones en la red social X(ex Twitter) y Facebook con comentarios irónicos y rumores vinculados a la vida privada del exgobernador y su esposa.
Ambos permanecieron 53 días detenidos en el Penal de Gorriti, situación que generó un fuerte impacto político, social y mediático.
En el marco de la audiencia, se vivieron momentos de tensión cuando la acusación reclamó por la autoconvocatoria de personas en apoyo a los imputados, solicitando que no se realicen manifestaciones por considerar que “perturban el normal desarrollo del proceso”.
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A la salida del recinto, Nahuel Morandini sostuvo que la visibilidad pública fue clave para que la causa llegue a este punto: “Esto no sería visible si no fuera por cada uno de ustedes. Les pido que sigan y estoy convencido de que esta causa se termina hoy”.
Por su parte, Roque Villegas agradeció el acompañamiento y remarcó el impacto personal del proceso: “Queremos que esto se termine, por nuestras familias. Es agobiante para ellos y para nosotros”.
Además del expediente principal, continúa abierta una investigación paralela contra personal del Servicio Penitenciario de Jujuy, por presuntas torturas y vejaciones sufridas por los imputados durante su detención. El caso fue denunciado por organismos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, y por sectores sindicales como ADIUNJu, que advirtieron sobre un grave antecedente institucional.
La definición que surja de la audiencia de este jueves marcará un antes y un después en una causa que reavivó el debate sobre límites del poder, uso del sistema penal y libertad de expresión en Jujuy. La resolución judicial es esperada con fuerte atención social y política.