Estos son los nuevos cambios que introdujo el Gobierno nacional en la VTV.
El Gobierno nacional confirmó que las reformas en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) seguirán vigentes, rechazando el pedido de suspensión presentado por talleres y empresas del sector. Antes de los cambios, los controles de este trámite eran más generales, bajo la reglamentación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 24.449.
El reclamo apuntaba al Decreto 196/2025, que introdujo inspecciones más rigurosas y requisitos adicionales para mejorar la seguridad vial. De esta manera, la continuidad de las reformas quedó oficializada en el Decreto 139/2026, publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo.
VTV: cambios en los plazos y la periodicidad
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Las reformas en la VTV quedaron oficializadas en el Decreto 139/2026, publicado el 9 de marzo.
Uno de los temas más polémicos de la reforma se centra en la periodicidad de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Según la nueva regulación, los autos nuevos deberán pasar su primera inspección a los cinco años desde su patentamiento, en lugar de los tres años que se exigían hasta ahora.
Por su parte, los vehículos de hasta diez años de antigüedad tendrán que someterse al control cada dos años, ampliando así los intervalos de revisión respecto a lo que se aplicaba anteriormente.
Apertura del sistema y eliminación de requisitos
Otro eje de discusión fue la actualización del régimen de habilitación de talleres. La nueva normativa establece que las autoridades locales no podrán limitar la cantidad de establecimientos que realicen la VTV ni imponer tarifas obligatorias, con el objetivo de fomentar la competencia dentro del sistema.
Sin embargo, la CATRAI cuestionó esta medida, advirtiendo que permitir la participación de concesionarias, importadores u otros talleres podría poner en riesgo la imparcialidad de las inspecciones.
El Gobierno, en cambio, señaló que la transparencia se asegura a través de controles y fiscalizaciones del proceso, sin necesidad de restringir a los prestadores. Además, se confirmó la supresión del Informe de Configuración de Modelo (ICM), como parte de un plan de simplificación administrativa.