La legisladora nacional por Buenos Aires cuestionó aspectos del proyecto y el proceso de audiencias públicas, advirtiendo sobre posibles consecuencias ambientales.
El debate legislativo sobre la modificación de la Ley de Glaciares continúa en el Congreso, reflejando distintas posturas entre bloques políticos y provincias. En este contexto, la diputada nacional por Buenos Aires, Mónica Frade, confirmó que votará en contra de la iniciativa impulsada, planteando objeciones tanto al contenido como al proceso de tratamiento parlamentario.
En declaraciones a Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), Frade sostuvo que la normativa vigente no impide el desarrollo de actividades productivas cuando se cumplen los controles ambientales correspondientes. «Hasta ahora, los emprendimientos, con la ley actual, se han podido llevar adelante con muchos controles», afirmó.
Uno de los puntos centrales cuestionados por la legisladora es la posibilidad de que cada provincia defina qué áreas se consideran glaciares o periglaciares. Según su visión, este cambio podría generar criterios dispares y conflictos entre jurisdicciones, además de tener un impacto en las cuencas hídricas compartidas.
«Vamos a votar en contra, creemos que es un retroceso enorme en términos ambientales», expresó Frade, remarcando que la protección de estos ecosistemas requiere una mirada federal con criterios unificados.
Asimismo, la diputada se refirió al proceso de participación ciudadana. Señaló que, si bien más de 100.000 personas se inscribieron para exponer en la audiencia pública, solo una parte reducida pudo hacerlo. «Se anotaron 102.000 argentinos y pudieron exponer menos de 400 presenciales y menos de 200 virtuales», detalló. En ese sentido, consideró que las comunidades afectadas y los pueblos originarios no fueron debidamente consultados.
Frade también vinculó el avance del proyecto con negociaciones políticas y económicas, insistiendo en que el eje del debate debe centrarse en la protección del agua. «Cuando uno destruye un glaciar, un periglaciar y fuentes de agua, eso no tiene vuelta atrás», afirmó, advirtiendo sobre las consecuencias de una eventual flexibilización de la ley.