El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un incidente de ejecución como paso previo a una demanda penal contra funcionarios del gobierno nacional, en el marco del conflicto por la transferencia de fondos a las universidades públicas.
Los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) dieron el primer paso del proceso judicial para avanzar hacia la intimación penal de los funcionarios del gobierno por incumplir con la transferencia de los fondos a las universidades exigido por la Ley de Financiamiento Universitario, votada por el Congreso a fines de 2025.
La semana pasada, el CIN presentó el «incidente de ejecución», un recurso que se configura como el paso previo a la demanda penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el Subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), Alejandro Álvarez.
La medida se deriva del incumplimiento manifiesto del gobierno nacional a la ley vigente de Financiamiento Universitario, que exige recomponer los fondos que las casas de estudios superiores necesitan para funcionar, así como los recursos para el pago de salarios, que representan alrededor del 90% de los fondos totales de las universidades públicas.
Desde fines de 2023, el derrumbe presupuestario en las universidades llega al 45%, ya que el gobierno transfirió algo más de la mitad de los fondos necesarios para gastos de funcionamiento (luz, gas) y becas de investigación. En términos salariales, los docentes y nodocentes perdieron 141 puntos contra la inflación desde la asunción de Javier Milei.
La propuesta del gobierno nacional para resolver el conflicto es recomponer, con su propia ley de financiamiento, un 12,1% de lo perdido en 2025 (cuando la inflación acumulada del año fue del 35%) y 0% de lo perdido en 2024, cuando la inflación fue del 118%.
Los rectores avanzan en una doble estrategia judicial y social. Con una cuarta Marcha Federal Universitaria ya convocada para el 12 de mayo, presentaron el incidente de ejecución días antes de la apelación del gobierno ante la Corte Suprema, por el fallo en segunda instancia de la Justicia a favor del reclamo de las universidades.
Según fuentes del CIN, el recurso es «un paso previo a demandar penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público a los funcionarios del gobierno nacional, con foco en Sandra Pettovello, Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez». Otra fuente del CIN explicó que la medida intima al Poder Ejecutivo a dar inmediato cumplimiento de la Ley, «enviando a cada universidad la partida presupuestaria que le corresponde, incrementada del modo que se ordenó en la cautelar».
La presentación del recurso ordena al Gobierno cumplir la medida «bajo apercibimiento de la fijación de astreintes o de una multa diaria por cada día de retraso (en la transferencia de los fondos); y da parte a la justicia en lo criminal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia, establecido en el artículo 239 del código penal».
El recurso tiene sus limitaciones, ya que es una intimación cuyo techo es el 25% del salario de los funcionarios y la finalidad es la penalización por negarse a cumplir la ley, pero no resuelve el problema de fondo del desfinanciamiento del sistema universitario.
Esta semana, desde el juzgado federal a cargo de Martín Cormick, quien falló en primera instancia en favor del reclamo presupuestario y salarial de las universidades, instaron a que los rectores reclamen el embargo de las cuentas de los funcionarios del gobierno. Cormick ordenó al Gobierno Nacional, en diciembre de 2025 y ratificado en 2026, cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, exigiendo la actualización de salarios docentes y no docentes y becas, suspendiendo decretos oficiales.
El embargo de las cuentas de los funcionarios es un recurso de la ley ante el incumplimiento de una ley por parte de los funcionarios de un gobierno, pero hasta el día de hoy los rectores no lo utilizaron. “Los rectores podrían ir más fuerte”, sugirieron en los pasillos del juzgado, por lo que se espera que sucederá en las próximas horas al respecto.