El pedido de desafuero contra la diputada Natalia Saseta, acusada de exacciones ilegales, permanece sin tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados de Catamarca, pese a que la Justicia lo reiteró el 23 de abril de 2024.
El pasado 23 de abril de 2024, se cumplieron dos años del segundo pedido de desafuero que la Justicia envió a la Cámara de Diputados de la Provincia para que la comisión lo tratara en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Facundo Barros Jorrat desde 2021 contra la legisladora Natalia Saseta, por el supuesto delito de “exacciones ilegales en carácter continuado”. El primer pedido de desafuero se realizó en 2022, meses después de la denuncia de un exempleado de la legisladora.
Desde entonces, el pedido permanece en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara Baja, presidida por el diputado Eduardo Andrada y con la diputada Stella Nieva como secretaria.
En la sesión del miércoles 6 de mayo, la diputada Saseta buscó diferenciarse de su par Javier Galán, a quien el juez Marcelo Sago le inició la investigación jurisdiccional tras ser denunciado por varios delitos, incluido abuso sexual. Saseta manifestó a la prensa que su situación es diferente y que su desafuero no se trata en Diputados porque “el expediente no se encuentra hoy en la cámara y es imposible que eso se pueda tratar”.
Ante estas declaraciones, fuentes judiciales confirmaron que el 23 de abril de 2024, a las 9.27 horas, la Cámara de Diputados recibió el pedido de desafuero para Saseta, por lo que la comisión debió haberlo tratado hace dos años y ocho días. Las afirmaciones de la legisladora quedan así en contradicción con los registros oficiales.
Las fuentes explicaron que el procedimiento legal (indagatoria, detención, etc.) no se ha cumplido no por falta de instrucción fiscal, sino porque la legisladora continúa protegida por sus fueros. Solo existen dos formas de que una persona con fueros sea imputada: que cumpla su mandato o que la Cámara dicte su desafuero.
La causa penal contra Saseta inició en 2021 cuando un exempleado la denunció por supuestamente hacerle quedar parte del sueldo. El fiscal Barros Jorrat solicitó al juez Marcelo Sago la apertura de investigación jurisdiccional y, en 2023, el magistrado pidió el desafuero. Los legisladores no lo trataron, y aunque el denunciante intentó retractarse, la causa continuó por los elementos de prueba producidos.
Saseta intentó que la Sala Penal rechazara la acusación mediante un recurso de casación, pero fue denegado. Tras un cambio de correo electrónico para notificaciones, la Corte de Justicia emitió una nueva resolución en el mismo sentido. El juez Sago reiteró el pedido de desafuero el 23 de abril de 2024, sin que la Cámara Baja haya dado respuesta hasta el momento.