El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, decidió no acompañar la apelación presentada por el fiscal Pedro Simón, lo que allana el traslado del expediente al Juzgado Federal de Campana.
La causa judicial que investiga a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un capítulo decisivo con fuerte impronta local. El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, el catamarqueño Rafael Vehils Ruiz, tomó la determinación de no acompañar la apelación que había presentado su colega de Santiago del Estero, Pedro Simón. Con este movimiento procesal, la estrategia judicial que buscaba la indagatoria y detención del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, sufrió un freno en una instancia considerada clave para el futuro del expediente.
La resolución modifica el escenario de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Al desistir de sostener el recurso de Simón, el fiscal catamarqueño dejó sin el respaldo jerárquico necesario al planteo que pretendía mantener la causa bajo la jurisdicción de la justicia santiagueña. De este modo, allanó el camino para que el expediente sea remitido definitivamente al Juzgado Federal de Campana, a cargo del magistrado Adrián González Charvay, quien ya concentra otras pesquisas previas vinculadas al entorno directo de la conducción del fútbol nacional.
En su dictamen, Vehils Ruiz argumentó que el juzgado bonaerense ya se encuentra interviniendo activamente y ejerciendo el control jurisdiccional en investigaciones previas que guardan una íntima conexidad objetiva y subjetiva con el entramado analizado. Bajo este criterio, el funcionario judicial de origen catamarqueño buscó evitar una tramitación fragmentada de las causas que involucran a los jerarcas de la AFA. La postura citó un reciente fallo de la Cámara de Casación que invalidó la decisión de poner al juez de Campana a cargo de un expediente conexo (la causa de una mansión en Pilar), cuya radicación definitiva está ahora bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.
Entre 2022 y 2025, la AFA transfirió casi $5.000 millones a firmas del entorno de Toviggino. La denuncia original, impulsada desde Santiago del Estero por el fiscal Pedro Simón, acusaba a Tapia y Toviggino de liderar una estructura montada para el blanqueo de activos que habría comenzado a operar en el año 2018. Según la hipótesis fiscal, los fondos sospechosos provenían de tres fuentes: una presunta defraudación en perjuicio de las arcas de la propia AFA, la omisión de ingresar impuestos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante facturas presuntamente apócrifas, y maniobras de compra de divisas extranjeras en el mercado informal. El dictamen santiagueño incluía pedidos de detención y alcanzaba a otras 26 personas, entre familiares, allegados y empresarios vinculados al tesorero de la entidad.
El caso había entrado en zona de conflicto luego de que el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, resolviera enviar las actuaciones a Campana, en una resolución firmada el mismo día que reasumió sus funciones tras una licencia y poco antes de ser apartado de la causa por un vínculo comercial de su hija con un hermano de Toviggino. Simón apeló de inmediato esa decisión apuntando contra la celeridad del traslado. Sin embargo, al llegar la apelación a la alzada en Tucumán, requería de la ratificación del fiscal general para prosperar, sostén que Vehils Ruiz decidió no otorgar.
Los informes bancarios adosados a la causa revelan un entramado de facturación cruzada entre la AFA y firmas vinculadas al entorno de Toviggino que supera los $4.961 millones entre 2022 y 2025, con fondos que eran movidos a otras cuentas en menos de 48 horas. Respecto a Claudio Tapia, la fiscalía de primera instancia pretendía determinar si convalidó y permitió la sustracción de estos fondos al autorizar las transferencias. Tras el desistimiento del fiscal general catamarqueño, la discusión de la competencia entra en una tregua procesal y debilita la ofensiva norteña, dejando los cargos bajo la órbita de los tribunales de Campana.