Un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) ubicó a Catamarca en el penúltimo lugar entre 19 distritos en eficacia judicial penal. Solo La Rioja obtuvo peores resultados.
Un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) midió la eficiencia judicial penal en 19 distritos del país. Según el estudio, Catamarca se ubicó en el penúltimo puesto, solo superada por La Rioja.
El informe evaluó cuántas causas penales ingresadas al Ministerio Público Fiscal finalizan con una respuesta con incidencia real, como condena, absolución, suspensión de juicio a prueba o acuerdo reparatorio, y cuántas quedan sin resolver.
La causa por la muerte de cuatro adolescentes calcinados en 2011 en la Alcaidía de Catamarca fue citada como ejemplo de demora procesal. La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca ratificó la prescripción de la causa y rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por la Fiscalía. En su fallo, la Corte señaló que el Ministerio Público Fiscal no impulsó la fijación de la audiencia de debate y fue responsable de cuatro de las siete suspensiones registradas entre 2020 y 2023.
«El Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal pública y custodio constitucional del impulso procesal, tenía el deber primario e irrenunciable de velar por la celeridad del trámite. La omisión sistemática de ese deber no puede erigirse en agravio federal imputable a este Tribunal», sostuvo la Corte en su resolución.
El tribunal ordenó girar el expediente a la Secretaría de Sumarios para deslindar responsabilidades. La Fiscalía anticipó que presentará una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En otra causa, la del fallecimiento del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, el fiscal Hugo Costilla solicitó al Laboratorio Satélite Forense la realización de estudios complementarios sobre las muestras biológicas para identificar eventuales perfiles genéticos de terceras personas en la escena del crimen. También pidió identificar las huellas dactilares halladas en un automóvil.
Esta solicitud se produjo tres meses después del dictamen de un ateneo interdisciplinario en el que los forenses no lograron un acuerdo sobre la causa de la muerte de Rojas, dejando abierta la hipótesis de un deceso accidental. La familia de Rojas impugnó el ateneo, y la situación permanece sin definición.
Los forenses coincidieron en cuestionar el trabajo criminalístico y la preservación de pruebas en la primera etapa de la instrucción, a lo que atribuyeron la imposibilidad de arribar a conclusiones. El fiscal original de la causa, Laureano Palacios, fue absuelto en un juicio político en el que surgieron indicios de posible manipulación.