Un empleado de la Secretaría Contable del Poder Judicial de Catamarca habría alterado su liquidación de haberes entre marzo de 2024 y enero de 2025, sumando adicionales no correspondidos por un total de $15.400.000. La causa fue elevada a juicio y está en manos de la Cámara de Apelaciones.
Un contador público nacional que se desempeñaba en la Secretaría Contable de la Corte de Justicia de Catamarca está imputado por fraude en perjuicio de la Administración Pública. Se trata de Gonzalo Guiñazú, de 34 años, quien trabaja en el Poder Judicial desde 2017 y cumplía funciones en el área Contable desde 2022.
Según la investigación, entre marzo de 2024 y enero de 2025, Guiñazú alteró la liquidación de su propio sueldo en al menos seis oportunidades. Agregó ítems como “haberes adeudados” o “adicional por 30 años de servicio”, y en algunos meses se liquidó días con una categoría superior a la que le correspondía. Estas modificaciones incrementaron otros conceptos del recibo, ampliando el perjuicio.
La maniobra fue descubierta en febrero de 2025 por el secretario contable de la Corte, Pablo Andrés Rachid Florit, quien detectó que en el último sueldo liquidado figuraba el concepto “haberes adeudados”, sin que existiera deuda alguna. Tras revisar meses anteriores, se constató que la irregularidad se había repetido en al menos cuatro oportunidades.
El fiscal de instrucción N°6, Facundo Barros Jorrat, llevó adelante las actuaciones. Una pericia contable determinó que el daño total ascendió a $15.400.000. En octubre de 2025, la causa fue elevada a juicio.
La defensa de Guiñazú, a cargo de Facundo Moreno Robles y Roberto Mazzucco, presentó planteos de nulidad, entre ellos uno referido a la prueba digital, argumentando que habría sido extraída de una computadora personal del imputado. El juez de Garantías N°1, Santiago Ahumada Franzzini, rechazó todos los planteos en abril de este año, señalando que el equipo desde el que se obtuvo la documentación es propiedad del Poder Judicial. La defensa apeló la resolución y el expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones, a la espera de una definición.
Para completar el circuito, Guiñazú utilizaba las vías oficiales para comunicar al Banco Nación la liquidación de haberes, incluyendo un archivo con el monto adulterado.