El concejal Luciano Auce presentó dos acciones judiciales contra el Concejo Deliberante de Huillapima, cuestionando su suspensión por 60 días y restricciones en el ejercicio de su cargo.
El concejal Luciano Auce judicializó la disputa con el Concejo Deliberante de Huillapima al presentar dos acciones ante la Justicia. Según informó el propio edil, una de las presentaciones apunta a impugnar la suspensión por 60 días resuelta la semana pasada por el cuerpo deliberativo. La segunda cuestiona una serie de restricciones que, según sostiene, enfrenta desde el inicio de su mandato y que le impiden desempeñar plenamente su tarea legislativa.
Entre esos planteos, Auce afirmó que no se le permitió integrar las comisiones permanentes del Concejo Deliberante, designar un secretario administrativo ni participar en igualdad de condiciones dentro del cuerpo. Según expresó, esas limitaciones dificultan su trabajo como concejal y afectan la representación de los vecinos que lo eligieron por el Frente Capayense.
La judicialización se produjo días después de que el Concejo Deliberante aprobara su suspensión por 60 días. El cuerpo argumentó que la sanción respondía a situaciones registradas durante distintas sesiones y sostuvo que la medida se adoptó en el marco de la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento Interno.
Auce rechazó esos fundamentos y afirmó que la sanción constituye una represalia por su labor de control sobre la administración municipal encabezada por el intendente Omar Soria. En una conferencia de prensa, declaró que el verdadero motivo de la medida fue el pedido de informes que impulsó para conocer el destino de dos partidas de 100 millones de pesos enviadas por el Gobierno provincial al municipio. También denunció haber sido agredido físicamente por el concejal Franco Soria, hijo del jefe comunal, al finalizar la sesión en la que se aprobó la suspensión.
La Municipalidad de Huillapima rechazó las acusaciones mediante un comunicado institucional. El Ejecutivo sostuvo que el pedido de informes fue respondido en tiempo y forma y que la documentación había sido tratada en comisión con la participación del propio concejal. Además, consideró que Auce intenta ‘victimizarse’ tras la sanción y reafirmó el compromiso de la gestión con la transparencia y el respeto institucional.
Con las dos presentaciones ingresadas en la Justicia, el conflicto deberá comenzar a dirimirse en sede judicial, donde el concejal buscará revertir la suspensión y cuestionar las condiciones en las que, según sostiene, ejerce su mandato.