La querella sostiene que Gendarmería evitó entregar la transcripción de comunicaciones del momento del disparo.
La causa judicial que investiga el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión frente al Congreso Nacional sumó un nuevo capítulo. La familia del reportero gráfico denunció que las fuerzas de seguridad habrían omitido información de los registros oficiales incorporados al expediente.
En un comunicado difundido este viernes, los familiares afirmaron que los reportes entregados por Gendarmería Nacional y la Policía Federal presentan irregularidades que coinciden con el momento en que Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada contra su cabeza durante la movilización de jubilados del 12 de marzo de 2025. “Las comunicaciones existen, los registros están, pero nos los ocultan”, expresaron.
La denuncia apunta a la ausencia de la franja horaria comprendida entre las 17 y las 17.59 en las transcripciones de las comunicaciones entre las fuerzas de seguridad remitidas a la Justicia. Según explicó la abogada querellante Claudia Cesaroni, la documentación entregada por la Policía Federal supera las 600 páginas, pero omite la hora en la que el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero efectuó el disparo que dejó a Grillo gravemente herido. “Justo falta una hora: la que va entre las 17 y las 17.59. Es exactamente el momento en que Guerrero le disparó la granada que impactó en la cabeza de Pablo”, señaló la letrada.
El expediente judicial había desmentido la versión oficial difundida tras la represión. La investigación estableció que el disparo fue efectuado por el cabo primero Héctor Jesús Guerrero, quien lanzó la granada en forma prácticamente horizontal, en violación de los protocolos nacionales e internacionales para el uso de lanzagases. Las pericias determinaron que el proyectil viajó a aproximadamente 280 kilómetros por hora y que impactó directamente sobre Grillo, descartando la hipótesis oficial que atribuía las lesiones a un rebote.
Como consecuencia del disparo, el fotógrafo sufrió fractura de cráneo, hematomas subdurales y pérdida de masa encefálica. Permaneció casi tres meses internado en terapia intensiva y continúa con un proceso de rehabilitación, con pronóstico reservado. En octubre de 2025, la jueza María Servini procesó a Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado, resolución confirmada por unanimidad por la Cámara Federal.
La querella, integrada por la familia de Grillo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, sostiene que la investigación no debe limitarse al autor material del disparo. Los abogados buscan determinar las responsabilidades de la cadena de mando del operativo y esclarecer el rol de las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad durante aquella jornada, encabezado entonces por Patricia Bullrich.
En el comunicado, los allegados de Grillo afirmaron: “Pablo está mejorando y para que su salud continúe en alza necesitamos aferrarnos a la luz de la verdad sobre lo que ocurrió esa tarde”. Y concluyeron: “Confiamos en que la verdad saldrá a la luz. El que nada teme, nada oculta”.
En mayo de 2026, una muestra fotográfica con imágenes tomadas por Pablo Grillo iba a inaugurarse en el Senado de la Nación, pero fue suspendida horas antes de su apertura. La decisión fue cuestionada por organismos de derechos humanos, periodistas y referentes culturales.