La jueza de Ejecución Penal N° 1, Alicia Elizabeth Cabanillas, resolvió no hacer lugar a la solicitud de libertad asistida presentada por el exintendente Enrique Aybar, quien deberá cumplir la totalidad de su condena en el Servicio Penitenciario Provincial.
El exintendente Enrique Aybar seguirá detenido en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores, Capayán. Este lunes, la jueza de Ejecución Penal N° 1, Alicia Elizabeth Cabanillas, resolvió no hacer lugar a la solicitud de libertad asistida que había planteado Aybar. De acuerdo con las primeras informaciones, Cabanillas tomó esta decisión puesto que por ahora no está descartado que la salida anticipada del hombre de la cárcel represente un grave riesgo para la víctima o para la sociedad.
El 18 de junio de este año, El Ancasti dio a conocer que el exjefe comunal de Puerta de Corral Quemado, quien purga seis años de prisión por «abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la guarda», en perjuicio de una adolescente, pidió acceder al beneficio de libertad asistida. Según fuentes judiciales, la sentencia se cumpliría en diciembre de 2026.
El 26 de junio, este diario informó que una nueva evaluación psicológica realizada a Aybar arrojó un informe desfavorable para el condenado. El nuevo informe pericial psicológico determinó que tuvo una “evolución psicoemocional deficiente”, con “dificultad o incapacidad para modificar sus esquemas mentales (…) o flexibilizar sus convicciones previas, con severas limitaciones en sus capacidades de procesamiento empático”.
Destacó además que el presenta “un cuadro de anestesia emocional o desconexión frente al daño interpersonal, entendiendo a la misma como la incapacidad para registrar, conmoverse y experimentar de manera genuina el impacto psíquico y el sufrimiento generado en los demás”.
Según el informe, el interno tiende a justificar el delito por el que fue condenado buscando eximirse de responsabilidad, lo que demuestra que las estructuras de pensamiento que originaron su conducta violenta siguen activas.
Además, la pericia señala que Aybar recurre a una «victimización instrumental», utilizando sus problemas de salud y su situación familiar como una estrategia para desviar la atención, evitar confrontar la problemática de fondo y eludir una verdadera toma de conciencia sobre el daño social causado.
Además, se indicó que su capacidad actual para la reinserción social es precaria.