La docente Luisina Marisel Vega, víctima de un ataque a puñaladas, manifestó ante la jueza Patricia Olmi que sus abogados Fernando Navarro y José Guzmán no se interesaron por su estado físico y emocional. La audiencia se realizó el viernes en la OGA del Poder Judicial de Catamarca.
La docente Luisina Marisel Vega, víctima de un ataque a puñaladas, declaró el viernes ante la jueza directora del caso, Patricia Olmi, que sus abogados querellantes, Fernando Navarro y José Guzmán, no se interesaron por su situación física y emocional. La declaración se produjo en la audiencia en la que se conoció la renuncia de los letrados a la querella, en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial.
Vega afirmó que hubo escasa comunicación con los abogados y que les manifestó que no se encontraba bien psicológicamente. Según su relato, en una ocasión le pidieron que llegara 10 minutos antes a su estudio para hablar, y allí le comunicó su estado. «Él no sabía si yo estaba con tratamiento psicológico, mi situación física, nada. Sufro un ataque de pánico y recién allí es como que ellos tomaron en cuenta lo que yo les estaba diciendo», declaró Vega ante la jueza, los fiscales Yésica Miranda y Luis Mauvecín, y los defensores del imputado, Enrique Lebrón y Germán Bordón.
Además, la víctima señaló que los abogados no la notificaron sobre la elección de los representantes del juicio por jurados, y que se informó mediante la Fiscalía. También indicó que los letrados fueron convocados por uno de los gremios a los que está afiliada.
El mismo viernes, la jueza Olmi postergó la audiencia para tratar la propuesta de juicio abreviado impulsada por la defensa de Castro. Al quedar la docente sin patrocinio legal, la jueza suspendió la audiencia por cinco días corridos para que la víctima busque un nuevo abogado querellante. La audiencia prevista para el 10 de agosto expondrá el acuerdo entre la defensa, la Fiscalía y la víctima para que Castro sea juzgado en juicio abreviado en lugar de un juicio con jurado popular.
Si la magistrada homologa el acuerdo, Castro, acusado por «homicidio criminis causa en grado de tentativa, en calidad de autor», reconocería el hecho y sería condenado a una pena de 10 años de prisión efectiva.