Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, Catamarca tiene el 8,22% de su territorio rural en manos de extranjeros, y los departamentos Tinogasta y Paclín superan el límite del 15% establecido por la ley vigente.
El Senado de la Nación buscará debatir el próximo jueves un proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que propone eliminar los límites vigentes desde 2011 para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa modificaría la Ley de Tierras Rurales N° 26.737 y otras cuatro normas vinculadas a expropiaciones, procesos judiciales por ocupaciones, desalojos y manejo del fuego.
En Catamarca, según la última actualización del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) correspondiente a agosto de 2025, el 8,22% del territorio rural provincial pertenece a personas físicas o jurídicas extranjeras. Ese porcentaje ubica a la provincia en el cuarto lugar entre las jurisdicciones con mayor extranjerización de tierras rurales del país, detrás de Salta, Misiones y San Juan, y por delante de Mendoza y Santa Cruz.
El promedio provincial oculta diferencias entre los dieciséis departamentos. Tinogasta y Paclín superan ampliamente el límite del 15% que fija la ley nacional para cada jurisdicción departamental. Tinogasta encabeza con el 26,61% de sus casi 2,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras. Paclín, con 98.373 hectáreas rurales, registra un 20,66% de propiedad foránea.
La Paz y Santa María se ubican en una franja intermedia: 11,72% y 9,30% respectivamente, por debajo del límite legal pero por encima del promedio provincial. Los doce departamentos restantes presentan niveles bajos o nulos de extranjerización.
El proyecto de ley, conocido como de «inviolabilidad de la propiedad privada», plantea la derogación del tope del 15% de tierras rurales por país, provincia y departamento, y del límite adicional que impide a una misma persona o empresa extranjera adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola. También desactiva la obligación de registrar las ventas de tierras a extranjeros y suprime el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, organismo de control creado por la ley vigente.
La reforma traslada a cada provincia la autoridad de aplicación de la norma, con facultad para definir la cantidad de tierras y su localización que los extranjeros pueden comprar en su territorio. Además, modifica la Ley Nacional de Expropiaciones N° 21.499, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y deroga artículos de la Ley de Manejo del Fuego incorporados en 2020.
El diputado provincial Juan Carlos Ledesma, presidente de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, se refirió a la iniciativa: «Este proyecto no es otra cosa que un cheque en blanco al capital extranjero para que se apodere de nuestros recursos estratégicos», afirmó. También sostuvo que la norma «está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino» y que «sin tope y sin trazabilidad real del comprador final, la extranjerización deja de ser un fenómeno acotado para convertirse en un proceso sin freno institucional».
Ledesma realizó un pedido explícito a los tres senadores nacionales que representan a Catamarca: «Pido a los 3 senadores nacionales sin distinción de banderías políticas o ideológicas que rechacen este proyecto en defensa de los intereses de nuestra provincia y del pueblo catamarqueño», subrayó.