Las diputadas Natalia Herrera y Laura Quintero (GENERAR) reiteraron sus cuestionamientos al Ministerio de Educación por las restricciones al control legislativo y a la comunicación de las escuelas con la prensa, en el marco de la circular N° 04/2026.
La diputada provincial Natalia Herrera (GENERAR) insistió con sus críticas al Ministerio de Educación por las restricciones para controlar la gestión educativa y afirmó que continuará realizando observaciones. A sus declaraciones se sumó la diputada Laura Quintero, del mismo bloque, quien ya había expresado críticas similares con anterioridad.
Declaraciones de Herrera
Herrera comparó las trabas que enfrenta para fiscalizar al Gobierno con un allanamiento anunciado de antemano o con una inspección de Bromatología que consultara al comercio cuándo puede presentarse. Según la diputada, los legisladores deben presentar una nota y esperar autorización para ingresar a las escuelas, procedimiento que calificó de “locura” en comparación con otros controles estatales. Sostuvo que lo que molesta al Gobierno es que se muestre la realidad de los educadores y de las escuelas, y remarcó que no se quedará “con los brazos cruzados” y que seguirá insistiendo en realizar controles.
Herrera enmarcó su reclamo en la misma línea de cuestionamientos que ya había realizado junto a Quintero respecto a la circular que limita el vínculo entre las escuelas y la prensa. Además, planteó un escenario provincial con falta de inversión en las escuelas, demoras en el pago de haberes docentes, falta de nombramientos de horas cátedra y cargos, y ausencia de respuestas del área de mantenimiento ante reclamos edilicios. La diputada remarcó que las escuelas necesitan mayor inversión, reconocimiento docente y respuestas concretas, y que seguirá mostrando la realidad de los educadores y las escuelas.
Declaraciones de Quintero
En el marco de la circular educativa, la diputada Laura Quintero calificó al Gobierno provincial de “autoritario” por, según sus palabras, “cerrar puertas y silenciar voces”. Recordó que el Ministerio de Educación y Trabajo se había comprometido, en la Comisión de Educación de la Legislatura, a revisar una circular anterior que restringía el control sobre las instituciones, y afirmó que esa promesa no se cumplió: “No solo no la revisaron, fueron por más. Ahora sacaron otra circular prohibiendo a los directivos y docentes hablar con la prensa”.
Quintero cuestionó también una aplicación desigual de las restricciones de acceso a las escuelas: “Si sos diputado de la oposición, no podés entrar. Si sos un militante peronista con una remera partidaria, sí”. Sostuvo que el objetivo de la medida es que “nadie controle, nadie denuncie y nadie conozca la realidad” y que, lejos de cuidar a las escuelas y a los alumnos, el Gobierno “está cuidando el poder”.
La circular N° 04/2026
La circular cuestionada es la N° 04/2026, emitida el 3 de julio por la Supervisión Pedagógica de Secundaria Común y Rural del Ministerio de Educación y Trabajo y firmada por la supervisora pedagógica Silvina Lorena Ramírez. Días después, Educación habría dado de baja esa circular, aunque la situación no fue aclarada.
Bajo el título “Pautas para la comunicación institucional y procedimiento obligatorio ante situaciones que afecten la presencialidad escolar”, el documento establece que ninguna modificación de la presencialidad (suspensión de clases, cambios de horario o pase a modalidad virtual) puede ser resuelta por los equipos directivos ni por la propia Supervisión, sino que queda a cargo exclusivo de la Dirección Provincial de Educación Secundaria o de la autoridad ministerial.
Fija además un protocolo de siete pasos obligatorios ante cualquier emergencia edilicia, climática o sanitaria, que va desde la verificación presencial de la situación hasta la espera de una resolución ministerial antes de anunciar cualquier cambio. En el punto dedicado a la prensa, prohíbe que directivos y docentes brinden declaraciones que informen, anticipen o interpreten medidas de suspensión, y fija como única respuesta autorizada la frase: “La situación se encuentra en proceso de relevamiento y cualquier medida será comunicada oficialmente por los canales institucionales”. El documento exige, además, que cada directivo firme un acuse de recibo como notificación formal.
Reacción de una vicedirectora
Ana Liz Ahumada Cisternas, vicedirectora de la Escuela Secundaria Ramón S. Castillo, sostuvo en un comunicado público que la circular no surgió en un contexto casual. Según su relato, distintas escuelas habían pedido a legisladores la donación de ejemplares de la Constitución Nacional para el acto de jura del 11 de mayo, y algunas instituciones invitaron como gesto de agradecimiento a los legisladores donantes, cuyos equipos de prensa registraron las visitas.
Para la vicedirectora, esas imágenes generaron malestar en el Gobierno cuando el legislador fotografiado no pertenecía al oficialismo, y esa fue, a su entender, la razón real detrás de la orden de cerrar las puertas de las escuelas a personas ajenas a la institución. Aclaró que regular el ingreso de extraños y cuidar la difusión de imágenes de menores le parece correcto, pero diferenció esa restricción de la prohibición para que directivos y docentes hablen con la prensa, que calificó como una falta grave a la libertad de expresión y un atentado contra la autonomía institucional.
Herrera respaldó a Ahumada y sostuvo: “Cuando una docente se anima a decir en voz alta lo que muchos viven puertas adentro. Lo que plantea esta docente es lo que vengo denunciando y planteando desde hace tiempo. Una educación que necesita respuestas, inversión, docentes reconocidos y escuelas escuchadas”. Quintero coincidió y agregó: “Mientras algunos mienten y buscan silenciar, hay quienes siguen diciendo la verdad”.