El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) presentó una denuncia por la presunta existencia de una asociación ilícita dedicada a la venta de títulos apócrifos en institutos de educación superior. El referente gremial, Guillamondegui, estimó que los casos podrían superar los 100 y anunció que buscarán constituirse como querellantes particulares en la causa.
El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) denunció una presunta asociación ilícita vinculada a la emisión de títulos apócrifos en institutos de educación superior. El referente sindical, Guillamondegui, calificó la situación como «una irregularidad muy grave» y estimó que los casos podrían superar los 100.
En declaraciones a la prensa, Guillamondegui sostuvo que las maniobras investigadas trascienden las inconsistencias iniciales y que «esto viene, aparentemente, desde el 2018». Además, afirmó: «Yo conversé con profesores de la Escuela Normal y me dicen que puede haber más de 100 títulos apócrifos».
El dirigente enfatizó la necesidad de extender las actuaciones a quienes adquirieron la documentación apócrifa para obtener puntaje o ingresar al sistema educativo. «Tampoco se había sindicado en la primera denuncia a las personas, porque no está solo quien vende, sino también quien compra. O sea, son tan delincuentes las dos personas», aseveró. Asimismo, remarcó las consecuencias para el sector: «Esto llegó a repercutir alterando el orden de mérito, al inscribirse personas que compraron títulos en la Junta. Y eso a nosotros, en representación de mis afiliados, nos genera un perjuicio a la hora de acceder al trabajo».
Sobre el desarrollo de la causa judicial iniciada en abril, Guillamondegui cuestionó la falta de celeridad inicial en las medidas de prueba. «Nosotros marcamos unas carencias investigativas. La fiscal no tomó ninguna medida de prueba, ni se citó a algún funcionario para que diga ‘a ver cómo es el tema’, quién vende o qué información hay», señaló. Ante este cuadro, confirmó la postura que adoptará la entidad gremial: «Nosotros vamos a tratar de constituirnos como querellante particular en la causa, porque tiene que haber imputaciones para quienes compraron».
El modus operandi y los mecanismos de control
Al detallar la modalidad utilizada para concretar la maniobra, Guillamondegui apuntó a la existencia de una estructura interna organizada. Según explicó, el circuito involucraba el uso de credenciales institucionales: «Existían dos claves. Una de las claves era del que redactaba los títulos, que la tenía una persona. Y la otra clave era la de la rectora, que es la que firma los títulos. Tenían un libro matriz paralelo dentro del mismo instituto, que lo mandaban por el correo institucional al Registro de Títulos».
Por último, el dirigente reveló un hecho reciente detectado en el organismo clasificador: «Ayer nos llama nuestro vocal de Junta y nos dice que una persona de ese listado fue con su título a inscribirse en la Junta para trabajar». Ante esta situación, concluyó solicitando un control extensivo al resto del sistema de Educación Superior de la provincia: «El Ministerio va a tener que hacer una auditoría, eso lo vamos a pedir ahora, no en un IES, sino en todos los IES».