Micaela Reartes (36), imputada por 15 hechos de estafa, fue beneficiada con la suspensión del juicio a prueba. Deberá cumplir reglas de conducta, realizar tareas comunitarias y reparar económicamente a las víctimas.
La Cámara Penal N° 3 de Catamarca dispuso la suspensión del juicio a prueba para Micaela Reartes (36), imputada por 15 hechos de estafa. La medida fue solicitada por la defensa y aceptada por el tribunal, que estableció un plazo de dos años para el cumplimiento de las condiciones impuestas.
La audiencia se realizó el viernes ante los jueces Jorge Palacios, Marcelo Soria y Patricia Olmi. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Miguel Mauvecín, mientras que la imputada contó con patrocinio legal particular.
Las personas damnificadas fueron citadas para conocer la propuesta de reparación económica formulada por la imputada. En audiencia, aceptaron recibir los montos correspondientes al perjuicio económico sufrido. Para quienes no comparecieron, el tribunal dispuso que las sumas ofrecidas sean destinadas a la Cooperadora del Hospital de Niños Eva Perón. El monto destinado al hospital es de 408.000 pesos.
Según la acusación, Reartes se presentaba ante las víctimas como abogada y ofrecía sus servicios a cambio de dinero. Las entregas estaban vinculadas a la adquisición o venta de terrenos y al pago de honorarios por asesoramiento o patrocinio jurídico. Los pagos se realizaban en efectivo, mediante transferencias bancarias o depósitos. El uso de un falso título profesional era el mecanismo para generar confianza en las víctimas.
Las denuncias fueron radicadas en las unidades judiciales N° 5 y 8 a fines de 2022.
La suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, suspende el proceso penal durante un período determinado, durante el cual la persona imputada debe cumplir reglas de conducta fijadas judicialmente. En este caso, el plazo es de dos años. Si las condiciones no se cumplen, el beneficio puede ser revocado y el juicio continuará.
Durante el período de suspensión, Reartes deberá fijar residencia y someterse al control del Departamento del Patronato de Liberados, presentándose cada tres meses. También deberá abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, no cometer nuevos delitos y realizar tareas comunitarias en el Hospital de Niños Eva Perón durante dos años, a razón de tres horas semanales, previa coordinación con las autoridades de la institución.
La causa se inició a fines de 2022 con las primeras denuncias. La resolución se adoptó cuatro años después, cuando la acusada solicitó la probation.