La Mesa Directiva Provincial del Partido Intransigente emitió un pronunciamiento en rechazo a las declaraciones de Fernando Zamiruk, encargado de prensa de La Libertad Avanza, quien se refirió a la Masacre de Capilla del Rosario con una expresión que la agrupación consideró apología de delitos de lesa humanidad.
La Mesa Directiva Provincial del Partido Intransigente (PI) de Catamarca, presidida por Adriana Díaz, emitió un comunicado en el que repudió las declaraciones públicas realizadas por Fernando Zamiruk, docente de la «Escuela de la Libertad» y encargado de prensa de La Libertad Avanza en la provincia.
Zamiruk había manifestado en redes sociales que «no terminaron con todos, una pena» en referencia a la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en agosto de 1974. Ante estas expresiones, la conducción del PI sostuvo que constituyen apología de delitos de lesa humanidad y evidencian ignorancia histórica.
En el comunicado, las autoridades partidarias señalaron que dichas afirmaciones «traspasan un límite ético e institucional inaceptable para la convivencia democrática» y subrayaron que cualquier respuesta del Estado debe darse bajo el marco de la Constitución Nacional.
Asimismo, advirtieron sobre el uso de la violencia verbal en el debate público y afirmaron que, ante el impacto socioeconómico que atraviesa la ciudadanía, el espacio oficialista apela a la provocación, el negacionismo y la polarización para desviar la atención de las prioridades del pueblo.
«La democracia argentina y la vigencia plena de sus instituciones han exigido un enorme sacrificio colectivo a nuestro país. No podemos permitir ni naturalizar el discurso del odio como un recurso válido en el debate público», expresaron desde la Mesa Directiva.
Finalmente, la agrupación convocó a partidos, organizaciones sociales y a la comunidad en general a mantener una postura firme en la defensa de las libertades individuales, los derechos humanos y las garantías constitucionales. «La paz social solo se construye con más democracia, estricto apego al orden constitucional y respeto irrestricto por la dignidad humana», concluyó el pronunciamiento.
