El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Rappallini, expuso ante unos 200 industriales un plan de siete ejes para sostener la actividad manufacturera y reducir el costo argentino. El evento se realizó en un municipio bonaerense con presencia de funcionarios nacionales y legisladores.
Durante un encuentro que reunió a unos 200 industriales, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Rappallini, afirmó que «la economía no puede medirse solo por la evolución de la inflación» y presentó un esquema de siete puntos para atravesar la transformación económica. El acto se realizó en un municipio bonaerense y contó con la presencia del intendente Leonardo Nardini, el secretario de Coordinación de la Producción Pablo Lavigne, la senadora Flavia Royón, el presidente de la Sociedad Rural Nicolás Pino, y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.
Rappallini señaló que la industria compite con el mundo y planteó la necesidad de un «puente» entre la economía actual y una economía competitiva. Los siete ejes presentados fueron: actividad y crédito; competitividad y costo argentino; competencia desleal; energía; morosidad; infraestructura; y modernización laboral y litigiosidad.
En el primer punto, el dirigente vinculó la evolución de la actividad industrial con el empleo, el consumo, la inversión, la recaudación y la estabilidad macroeconómica. «La microeconomía también construye la macroeconomía. Cuando cae la actividad, se pierde empleo, se debilita el consumo y se destruye tejido empresario y capacidad productiva», afirmó. Según su exposición, la producción industrial quedó 10% por debajo de los niveles de 2022, con sectores que registraron caídas de entre 25% y 30%. Además, indicó que desde agosto de 2023 la industria perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados. En materia de crédito, pidió «reconstruir el crédito» para financiar capital de trabajo, inversión, vivienda y consumo.
En el segundo eje, sobre competitividad, Rappallini señaló que las empresas enfrentan impuestos, regulaciones, costos logísticos, problemas de infraestructura, restricciones financieras, distorsiones de precios y cambios de reglas, factores que conforman el llamado «costo argentino». «Tenemos que acelerar la reducción del costo argentino y hacerlo sobre aquellos factores que hoy condicionan la capacidad de nuestras empresas para competir», sostuvo. También mencionó el RIGI y el Súper RIGI como instrumentos que reconocen la competencia internacional para grandes proyectos, y propuso que ese criterio alcance al conjunto de la industria. En materia tributaria, planteó avanzar sobre Ingresos Brutos, el impuesto de sellos, las tasas municipales, el impuesto a los créditos y débitos, y la carga sobre la renta empresarial. La UIA propuso un Pacto Fiscal Industrial Federal que involucre a la Nación, las provincias y los municipios.
El tercer punto abordó la competencia desleal. Rappallini afirmó que «la competencia leal es una condición indispensable del libre mercado» y cuestionó las diferencias entre quienes producen bajo todas las reglas y quienes compiten por fuera de ellas. Mencionó subsidios a la producción y a las exportaciones en otros países, prácticas de dumping, sobreoferta y contrabando. Según su discurso, en algunas actividades los productos que ingresan por circuitos irregulares representan entre 30% y 50% del mercado. El reclamo incluyó un Estado que controle y haga cumplir las reglas.
En el cuarto eje, dedicado a la energía, el titular de la UIA sostuvo que el gas, el petróleo y las energías renovables deben convertirse en una ventaja para la producción nacional. Indicó que Vaca Muerta debe servir tanto para exportar energía como para ampliar las exportaciones de productos argentinos. «Eso significa garantizar abastecimiento, infraestructura y energía a precios competitivos en todo el territorio nacional», expresó. Mencionó que varias pymes recibieron facturas de gas y electricidad que se multiplicaron entre tres y cinco veces, y pidió un mecanismo de acompañamiento con financiamiento.
El quinto punto fue la morosidad. Rappallini afirmó que la suba de las tasas de interés elevó el costo financiero y llevó a muchas empresas a acumular deudas. La UIA solicitó mecanismos para reprogramar deudas bancarias y fiscales, regularizar situaciones de morosidad, suspender embargos y acelerar la devolución de saldos a favor acumulados. «Son capital de trabajo que hoy necesitan para pagar salarios, proveedores, impuestos y sostener la producción», dijo.
En el sexto eje, sobre infraestructura, Rappallini enumeró el estado de rutas, demoras portuarias, red ferroviaria insuficiente, falta de redes eléctricas y gasoductos, problemas de conectividad y dificultades en pasos fronterizos como componentes del costo argentino. Pidió acelerar inversiones mediante concesiones, licitaciones y esquemas público-privados.
El séptimo punto se centró en modernización laboral y litigiosidad. Rappallini consideró que la nueva legislación laboral abre una oportunidad para actualizar las relaciones de trabajo. «La ley es el punto de partida. Ahora tenemos el desafío de llevar esas herramientas concretamente a las empresas», expresó. También pidió reducir la litigiosidad y terminar con la «industria del juicio», y señaló que la efectividad de las nuevas reglas dependerá de su implementación y de una Justicia que aplique sus principios «con claridad y previsibilidad».
En el tramo final, el dirigente sostuvo que la industria representa cerca de 18% del PIB, 20% del empleo y alrededor de 30% de la recaudación. «Lo que hoy estamos discutiendo es qué país construimos para los próximos 30 años», afirmó, y pidió dejar atrás las descalificaciones hacia quienes producen.