El Juzgado de Control de Garantías N° 2 anuló el requerimiento fiscal de elevación a juicio en la causa por la agresión a Ricardo Miguel Paucará en 2015. La fiscalía tendrá 15 días para corregir errores formales.
El Juzgado de Control de Garantías N° 2, a cargo de la jueza Cecilia Mas Saadi, declaró la nulidad del requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal de Instrucción N° 2, Laureano Palacios, en la causa que investiga la agresión sufrida por Ricardo Miguel Paucará el 20 de julio de 2015. La resolución se conoció tras una audiencia de oposición realizada en la sede del juzgado.
En la audiencia, los abogados defensores Pedro Vélez y Luciano Rojas solicitaron el sobreseimiento de los cinco efectivos involucrados y recusaron a la jueza Cecilia Mas Saadi, argumentando que la magistrada habría adelantado opinión en resoluciones previas al sostener que la causa debía ir a debate oral. Tras el fallo, las actuaciones volverán a la fiscalía interviniente, que dispondrá de un plazo de 15 días para subsanar los defectos formales detectados en la pieza acusatoria.
El expediente analiza la agresión ocurrida el 20 de julio de 2015, cuando el automóvil de alquiler en el que circulaba Paucará fue interceptado en la esquina de Salta y Chacabuco. Según la acusación fiscal, los policías Cristian Raúl López, Lucas Ezequiel Valdez, Julio César Ponce y Juan Marcelo Picón hicieron descender a la víctima y la trasladaron sin orden judicial a la Comisaría Décima, donde permaneció privada de su libertad hasta el día siguiente. En la seccional, se sumó la intervención del efectivo Carlos Eduardo Romero Luján.
De acuerdo con el escrito fiscal, los uniformados se cubrieron los rostros y sometieron a la víctima a torturas físicas y psicológicas mientras se encontraba esposada, obligándola a arrodillarse para propinarle golpes y azotes con cinturones en la planta de los pies. Las lesiones derivadas del castigo requirieron cirugías abdominales con resección intestinal, lo que provocó una incapacidad médica de hasta 60 días y secuelas psicológicas permanentes.
Actualmente, López, Valdez, Ponce y Picón están imputados como coautores de privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional en concurso real con vejaciones y lesiones graves. Romero Luján figura acusado como coautor de vejaciones y lesiones graves.
Esta resolución representa el tercer intento fallido por enviar el caso a juicio oral. Tras el fallo, la fiscalía y el abogado querellante, Armando Medina Walther, deberán rehacer la presentación para superar las objeciones y lograr que los acusados sean llevados a juicio.