El juicio por jurados contra María Eugenia Castro y María Gilda Márquez, imputadas por homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa, se realizará el 28 de septiembre en la Oficina de Gestión de Audiencias. Ambas permanecen detenidas en la Unidad Penitenciaria Nº 2.
El próximo 28 de septiembre, en la sala de debates de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, se llevará a cabo un juicio por jurados contra María Eugenia Castro, madre, y María Gilda Márquez, hija, junto con Facundo Ariel Monasterio. Los tres están imputados por el presunto delito de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa en perjuicio de Roxana Murúa. El hecho ocurrió en enero de 2025 en el Salón de Usos Múltiples del Barrio 140 Viviendas, en El Bañado, Valle Viejo.
Según la investigación, Márquez fue imputada como autora del hecho, mientras que Castro y Monasterio como partícipes necesarios. El camarista Miguel Lozano Gilyam es el juez director del juicio. Para la ocasión, se seleccionarán 12 jurados titulares y cuatro suplentes, con paridad de género, entre un grupo de 90 jurados preseleccionados.
De acuerdo con la pesquisa, el episodio se originó por una discusión entre el hijo de Murúa, de 13 años, y un adolescente de 16, quien luego regresó al lugar acompañado por Márquez, Castro y Monasterio. Los sospechosos portaban varillas de hierro y Márquez habría llevado un cuchillo tipo sierrita. Cuando Murúa intentó proteger a su hijo, Castro la habría golpeado en la mandíbula y la nuca con un fierro, mientras Márquez la habría apuñalado varias veces, entre ellas en el tórax. Murúa fue internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y su vida corrió peligro.
Debido a la presunta participación de un adolescente, la causa fue remitida al Tribunal Penal Juvenil y la investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Narváez. La Cámara de Apelación Penal Juvenil sobreseyó al chico imputado y la causa fue elevada a juicio con tres acusados adultos. Durante la audiencia de admisión de evidencias, el fiscal de Cámara Augusto Barros mantuvo la teoría del caso.
Madre e hija están detenidas desde enero de 2025 con prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Nº 2, conocida como Correccional de Mujeres. Habían solicitado el cese de la detención o la prisión domiciliaria, pero ambos pedidos no prosperaron.
Según un acta del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) con fecha del 29 de junio, se registró un incidente en el pabellón de imputadas: Márquez y Castro arrojaron sillas, mesas y elementos personales por el pasillo, profirieron amenazas contra el personal y agredieron físicamente a varias agentes con golpes de puño y patadas. Castro, según el acta, intentó además atacar con un cepillo de dientes afilado en punta. El hecho derivó en la sedación de ambas por vía intramuscular. Esa misma noche se presentaron al menos seis denuncias penales cruzadas ante la Unidad Judicial Nº 5.
Tras el episodio, el SPP catamarqueño gestionó cupo en La Rioja, que respondió afirmativamente el 2 de julio. La institución riojana puede dar alojamiento transitorio por tres meses, prorrogable, condicionado a que las internas respeten la disciplina interna. El pedido invocó «conductas reiteradas de inadaptación al régimen interno vigente» que, según el escrito, comprometen la seguridad, la disciplina y el orden del establecimiento, en los términos de la Ley Nacional 24.660. El fiscal de Cámara Augusto Barros pidió que madre e hija sean alojadas en la Comisaría de la Mujer.
El juez Lozano Gilyam rechazó el pedido del SPP de trasladarlas al Servicio Penitenciario de La Rioja y el planteo del fiscal Barros de alojarlas en la Comisaría de la Mujer. Además, la Sala Penal de la Corte de Justicia rechazó por mayoría el recurso de casación presentado por la defensa, que solicitaba el cese de la prisión preventiva. Los ministros Martel y Saldaño sostuvieron que la resolución cuestionada había dado razones concretas y suficientes —el intento de fuga en los primeros momentos de la investigación, el ocultamiento de elementos del delito y el carácter violento del hecho atribuido— y que la defensa no logró rebatirlas con fundamentos jurídicos válidos. Ambos votos confirmaron que las imputadas seguirán detenidas hasta el juicio por jurados.