El 12 de marzo de 2000, un colectivo sin frenos que transportaba a peregrinos tucumanos cayó en la Cuesta de El Totoral, en Catamarca. El siniestro vial más grave de la historia provincial dejó 49 muertos. La investigación judicial acreditó irregularidades y coimas; en 2024, la Corte Suprema revocó una indemnización considerada arbitraria.
Hoy se cumplen 24 años de la tragedia de El Totoral, el siniestro vial más grave de la historia de Catamarca y uno de los más graves del país. El 12 de marzo de 2000, un ómnibus Scania V112 modelo 1987, perteneciente a la empresa ’29 de Agosto’ de Juan Bautista Alberdi, cayó por un precipicio de más de 40 metros en la Cuesta de El Totoral. Transportaba a más de setenta peregrinos oriundos de Concepción de Tucumán que regresaban a su ciudad tras visitar la Virgen del Valle. El saldo fue de 49 víctimas fatales.
El contingente estaba compuesto por personas de distintas edades, desde niños de un año hasta ancianos de 88 años. Varios de ellos eran integrantes de centros de jubilados de Concepción que habían organizado el viaje para pasar el día en La Gruta y recorrer otros puntos de San Fernando del Valle. La unidad no contaba con habilitación de la Secretaría de Transporte de la Nación ni municipal, y tenía la póliza de seguro vencida. En el viaje de regreso, el micro viajaba con 73 pasajeros a bordo, pese a tener una capacidad máxima autorizada para 48 personas. Debido al exceso de pasaje, varios ocupantes viajaban sentados en el pasillo central sobre reposeras y sillas de madera, además de llevar niños pequeños en brazos. Pese a estas irregularidades, el colectivo sorteó los controles camineros: pasó el puesto de Huacra (Tucumán) luego de que el propietario del ómnibus pagara una coima a los policías y, posteriormente, no fue controlado del lado catamarqueño.
El desastre comenzó al cruzar el paraje conocido como el ‘Puesto de la Viuda’, cuando la pendiente de la cuesta exigió la mecánica del ómnibus. En ese instante, el sistema de frenos colapsó por completo. Durante casi un kilómetro y medio en descenso sinuoso, el Scania se desplazó sin control a más de 70 kilómetros por hora. Los choferes intentaron infructuosamente forzar la palanca de cambios para rebajar marchas, mientras los pasajeros gritaban. Al salir de una curva larga hacia la izquierda, el conductor se encontró de frente con un camión que ascendía la cuesta. En una maniobra para eludir el choque frontal, dio un volantazo brusco hacia la banquina derecha. El micro embistió el guardarraíl metálico, lo arrancó y voló en el vacío cerca de diez metros antes de dar su primer impacto contra el cerro, desbarrancándose por un precipicio de más de 40 metros de profundidad.
El vehículo dio múltiples vueltas de campana ladera abajo. Quienes viajaban en las banquetas y pasillos fueron despedidos violentamente hacia la vegetación y las rocas; aquellos que permanecieron dentro quedaron atrapados mientras la carrocería se deformaba. En ese instante, 47 personas perdieron la vida de forma casi instantánea. Con el correr de los días y el fallecimiento de heridos de extrema gravedad, el saldo trágico trepó a 49 víctimas fatales.
A más de dos décadas del hecho, los testimonios de tres rescatistas de la Dirección de Bomberos revelan la dimensión humana del operativo. El suboficial retirado Sergio Romero contó que la dimensión real los golpeó al llegar al puesto caminero de El Portezuelo: no era un auto, sino un colectivo colmado de familias. Con la cuesta incomunicada por la falta de señal telefónica, debieron modular por radio policial pidiendo apoyos masivos y ambulancias a toda la provincia. Al llegar a la curva fatídica, el panorama era hostil: llovizna, frío, niebla densa y una oscuridad impenetrable. Automovilistas solidarios iluminaban la banquina con las luces de sus propios coches para guiar las primeras tareas. Al borde del guardarraíl se toparon con sobrevivientes heridos que se habían arrojado del micro en marcha cuando los choferes gritaron que no tenían frenos.
“No se podía pisar bien porque era inestable el terreno y la pendiente era muy pronunciada. Literalmente bajamos por medio del tacto y por lo que escuchábamos, los sonidos del pedido de auxilio para llegar a ese lugar”, recuerda Romero. El momento de mayor impacto ocurrió cuando encendieron los generadores y las torres de iluminación del móvil barrieron el fondo del barranco: “Cuando se encienden los reflectores ya teníamos un panorama que fue desolador. Nunca había vivido hasta ese momento ver tantos cuerpos desparramados, diseminados hacia la vuelta”, revive. El shock caló tan hondo en el personal que el rescatista recuerda haber pasado cuatro o cinco días en su casa sumido en un silencio absoluto, debiendo recibir asistencia psicológica para procesar la tragedia: “Sí que se necesitaba, fue difícil. Fueron cuatro o cinco días que no conversaba. Te marcó más que todo por la cantidad de víctimas que había”.
Luis Raúl Avendaño, otro de los bomberos policiales que llegó para instalar los anclajes de cuerdas sobre el asfalto, descendió apenas 15 metros cuando se cruzó con la primera cuadrilla que intentaba subir a una menor de edad recién rescatada. La niña todavía tenía signos vitales, pero presentaba heridas cortantes devastadoras en la espalda. Tras ayudar a izarla a la calzada y depositarla en una ambulancia, la menor entró en paro cardiorrespiratorio; los médicos cerraron las puertas del móvil para intentar maniobras de reanimación. Al volver a descender hacia el epicentro del siniestro, el efectivo se topó con una postal que aún hoy le quiebra la voz: “Caminabas y chocabas con cuerpos”. El colectivo había despedido pasajeros durante toda la caída, dejando a decenas de personas tendidas, muchas semidesnudas por la violencia de los golpes. En medio de semejante desolación, un detalle simbolizó la piedad y la tragedia de los peregrinos: varias de las víctimas fatales yacían en el barro sujetando con fuerza entre sus manos estampas e imágenes de la Virgen del Valle, mientras otros rescatistas no podían contener las lágrimas al toparse, entre la maleza, con dos niños pequeños que murieron abrazados entre sí.
Para los bomberos de la provincia, la jornada demandó más de 12 horas consecutivas de esfuerzo físico y mental extremo. La primera parte estuvo abocada a rescatar a quienes tenían signos vitales. “A una chica joven que estaba aplastada la vimos viva y la levantamos con lo que teníamos, porque con camilla no podíamos trabajar: eran 60 metros y de ahí pendiente de 90 metros, de 50 metros… La sacamos viva. Veíamos que tenía cortes en la parte de atrás y le veíamos el pecho, cómo respiraba y brotaba la sangre”, relató el comisario Martín Castelli. Finalizada la evacuación de los heridos, comenzó la etapa más desgarradora: “Fue la más dura también: después de ver a las personas vivas, era cómo sacar a las que habían fallecido. La única forma era a través de una grúa. Reuníamos los cuerpos de a tres, los envolvíamos y los subían a la ruta”.
A 24 años de aquella noche, el recuerdo de El Totoral no prescribe. La herida sigue viva en las familias de Concepción que perdieron generaciones enteras en un solo instante, en los sobrevivientes que cargan con las secuelas y en aquellos servidores públicos que bajaron a las sombras para salvar vidas y regresaron marcados por el horror.
En el fuero penal, la investigación acreditó la matriz de corrupción e irregularidades: se comprobó que el micro carecía de frenos aptos, no tenía seguro ni habilitación, viajaba con sobrecupo y el chofer no poseía licencia de conducir habilitante; asimismo, se constató que el dueño de la unidad, Raúl Oyola, había coimeado en el puesto de Huacra a los policías tucumanos Manuel Garzón y Héctor Luján, lo que derivó en condenas por cohecho activo, pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, la impunidad penal de fondo y el paso del tiempo licuaron las penas de prisión efectiva, trasladando el calvario al terreno civil. Allí, la respuesta institucional rozó el agravio moral: en una demanda iniciada por los deudos de una de las víctimas fatales contra Oyola, los policías y la Provincia de Tucumán, la Cámara en lo Contencioso Administrativo provincial llegó a fijar una indemnización de apenas $30.000 por la pérdida de una madre, una cifra irrisoria que repartía culpas en porcentajes irrisorios y que fue convalidada por la corte local. Hizo falta que el expediente escalara hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que, recién a fines de 2024, el Máximo Tribunal revocara la sentencia por considerarla abiertamente arbitraria e «insignificante», advirtiendo que el cálculo carecía de fundamento real y desnaturalizaba por completo el derecho al resarcimiento, en un fallo que expuso la fría indiferencia con la que la burocracia judicial administró la peor tragedia vial del país.