El Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que profundiza los recortes en áreas sensibles del Estado, deroga la movilidad automática de las asignaciones familiares y establece partidas que, según los rectores, son insuficientes para el funcionamiento de las universidades. El Gobierno había reconocido meses atrás que no quedaba margen para seguir reduciendo el gasto.
El proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo Nacional envió al Congreso profundiza los recortes en áreas del Estado que, tras los ajustes de los últimos años, presentan dificultades de funcionamiento y operatividad, según surge del articulado y las planillas anexas.
Hace algunos meses, el ministro Luis Caputo había declarado que no quedaba margen para seguir reduciendo el gasto. El proyecto, sin embargo, acentúa los recortes en sectores como ciencia, universidades y discapacidad, al tiempo que incrementa las partidas para Defensa, la SIDE y el pago de la deuda.
Entre los puntos del proyecto se encuentra la derogación de la movilidad automática de las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo. Sin un mecanismo de actualización predeterminado, el valor de esas prestaciones quedaría sujeto a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo y expuesto a la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.
En el sector científico, el proyecto asigna un presupuesto equivalente al 0,178% del PBI, por debajo del 0,590% que establece la Ley de Financiamiento de la Ciencia para el próximo año y cerca de la mitad del 0,30% destinado en 2023. Para las universidades nacionales, los montos previstos representan un 32% menos de lo que los rectores consideran necesario para un funcionamiento adecuado.
En materia de discapacidad, la iniciativa propone que el nomenclador de prestaciones deje de fijar valores universales y que cada obra social establezca sus propios aranceles. La medida, presentada como una flexibilización, podría derivar en una fragmentación de las condiciones de atención, con prestadores sin valores de referencia y pacientes cuya cobertura dependería de la capacidad financiera de cada financiador.
El proyecto deberá ser tratado en el Congreso, donde los bloques opositores evaluarán su aprobación. En caso de rechazo, el Gobierno tiene la alternativa de prorrogar el presupuesto vigente y administrar las partidas mediante decretos y decisiones administrativas.