A más de dos meses de la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.801 de Régimen Penal Juvenil, la Legislatura de Catamarca aún no presentó un proyecto para adecuar la normativa provincial. El fuero especializado advierte sobre la necesidad de herramientas legales para funcionar.
El sistema penal juvenil de Catamarca enfrenta un panorama de reincidencia y falta de adecuación legislativa. La Ley Nacional 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, fue aprobada el 27 de febrero de este año y entró en vigencia tras un plazo de 180 días. Sin embargo, la provincia aún no ha presentado un proyecto para armonizar su legislación local con la norma nacional.
Desde enero de 2019, Catamarca cuenta con la Ley Provincial 5544, considerada de avanzada en su momento frente al derogado Decreto Ley 22.278. La adecuación de esta ley provincial a la nueva legislación nacional comenzó el 1 de julio pasado. La Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Verónica Vallejos, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Tribunal Penal Juvenil para delinear los cambios necesarios. En ese encuentro, que quedó registrado en redes sociales, se remarcó la necesidad de actualizar el Régimen Procesal Penal Juvenil antes del 5 de septiembre, fecha límite fijada para la adecuación normativa.
Sin embargo, dos meses después de aquella reunión, y con la ley nacional ya en vigencia, ningún proyecto de modificación fue presentado ante la Legislatura. Consultada por este medio en julio pasado, Vallejos reconoció que ‘el tema es largo y extenso’ y que se estaba trabajando en las modificaciones, aunque no precisó plazos ni adelantó contenido. A la víspera de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, este medio volvió a consultar sobre esas modificaciones, pero esta vez no hubo respuesta.
Ya con la legislación nacional vigente, el martes 8 de septiembre esta Comisión de la Cámara baja volvió a reunirse para avanzar en el análisis del proyecto de adecuación de la normativa provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil. Otra vez, quedó el registro de la labor parlamentaria en las redes sociales. En la oportunidad, participó el juez Fabricio Gershani Quesada, consultado para aportar su mirada, como uno de los principales operadores del sistema judicial.
Mientras la Legislatura no avanza, el fuero penal es una trinchera y debe contar con todas las herramientas para poder funcionar, más aún tratándose de un fuero especializado. El sistema judicial necesita de las leyes para funcionar y administrar el servicio de administración de Justicia. Sin embargo, ante la mora legislativa, esa administración de Justicia puede verse obstruida por la falta de herramientas que la Legislatura no dio a tiempo.
La problemática de la reincidencia en el fuero penal juvenil se ilustra con casos como el de Javi, un joven que transitó por el sistema penal desde la adolescencia hasta la adultez. A los 15 años, tras agredir a la pareja de su madre, fue alojado en la Alcaidía de Menores. Su abuela intentó llevarlo consigo, pero tres días después, cuatro compañeros de celda murieron calcinados en una celda de esa institución. Javi continuó delinquiendo y, ya adulto, fue condenado a cinco años de prisión por robar objetos de poco valor. El juez le advirtió: ‘La raíz de todo esto es tu condición de adicto. Tenés que comprometerte para salir y tratar de rehabilitarte. Por macanas, podés sufrir una pena como si hubieses matado a una persona’.
En contraste, otros jóvenes como Nicolás y Miguel lograron reencauzar sus vidas. Nicolás, tras un robo de moto, accedió a la suspensión de juicio a prueba y realizó trabajo comunitario gracias a un oficio aprendido. Miguel concluyó el secundario, se recibió de ingeniero civil y formó una familia. Ambos superaron sus conflictos con la ley.
La Ley Provincial 5180, sancionada en mayo de 2006, creó el Centro de Atención Integral a la Niñez y a la Adolescencia (CAINA), que debía conformarse con un equipo interdisciplinario y garantizar protección integral, contención familiar y estrategias alternativas a la institucionalización. Sin embargo, la institución quedó en un proyecto frustrado.
La reincidencia, según indicó un juez al condenar a Javi a nueve meses de prisión efectiva y declararlo reincidente por cuarta vez, ‘siempre implica un fracaso en tres niveles fundamentales: el fracaso de la institución penitenciaria en cuanto al tratamiento y diagnóstico que es impartido, y también el fracaso de la prevención de la ley. En segundo lugar, el fracaso familiar para la recuperación del individuo y, en tercer lugar, el fracaso individual del sujeto’.
El sistema penal, tanto juvenil como de adultos, deja huellas. Los ‘durmientes’ son aquellos que pasan desapercibidos bajo el sistema pero a la vez sostienen a ese mismo sistema que los tiene invisibilizados, como los durmientes de las vías del tren. Algunos logran despertar y encauzar su camino.