El diputado provincial Mamerto Acuña solicitó que se detalle el impacto presupuestario y las fuentes de financiamiento del proyecto que adecua el régimen procesal penal juvenil de Catamarca a la Ley Nacional 27.801, durante el debate del dictamen del Expte. N° 595/2026.
El diputado provincial Mamerto Acuña pidió que se precise el costo de implementación y el origen de los recursos del proyecto que adecua el régimen procesal penal juvenil de Catamarca a la Ley Nacional 27.801. La solicitud se realizó en el marco del debate del dictamen correspondiente al Expte. N° 595/2026.
Acuña señaló que el proyecto establece su entrada en vigencia inmediata, pero no detalla el impacto presupuestario, los recursos necesarios ni las fuentes de financiamiento. “Nadie discute que Catamarca tiene que adecuar su régimen a la ley nacional. Lo que planteamos es que una ley que nace sin financiamiento corre el riesgo de quedarse en el papel”, sostuvo el legislador.
El diputado explicó que para garantizar la aplicación efectiva de la norma serán necesarios órganos especializados, cobertura de cargos, dos equipos interdisciplinarios —uno dependiente del Poder Judicial y otro de Desarrollo Social—, programas de medidas alternativas, profesionales especializados, adecuaciones en los centros de privación de libertad y la incorporación de la figura del Supervisor exigida por la legislación nacional.
En ese sentido, cuestionó que el dictamen no incorpore una planilla de impacto fiscal que permita conocer cuántos cargos deberán crearse, el costo salarial anual, la demanda de infraestructura y el gasto operativo del sistema.
Acuña también se refirió a los artículos 195 y 198 del proyecto, que habilitan a la Corte de Justicia a solicitar partidas “extraordinarias o adicionales” y al Poder Ejecutivo a “reajustar y reasignar” partidas del Poder Judicial, Desarrollo Social y Hacienda. “Si el propio proyecto admite que pueden hacer falta partidas extraordinarias, está reconociendo que habrá gasto por encima de lo previsto. Entonces tiene que decir ahora de dónde sale ese dinero”, afirmó.
El legislador recordó que el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera N° 4.938 establece que “toda Ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Agregó que los artículos 27 y 31 de la misma norma indican que los créditos presupuestarios constituyen el límite máximo para realizar gastos.
Respecto del Presupuesto 2026, Acuña indicó que el Poder Judicial tiene asignados $148.749.213.101 y que el artículo 10 de la ley presupuestaria prohíbe alterar ese total mediante reestructuraciones internas. “Hay dos opciones. Si se paga con lo que ya tiene la Justicia, hay que decir qué se deja de financiar. Si hace falta más dinero, eso no es una reasignación: es una ampliación del presupuesto, y esa decisión le corresponde a esta Legislatura, no a una facultad delegada al Ejecutivo”, explicó.
Acuña trasladó al miembro informante una serie de preguntas: si existe un informe de impacto presupuestario, cuánto costará implementar la ley durante 2026 y cuál será su costo anual a partir de 2027, cuántos cargos nuevos deberán financiarse, cuánto demandarán los equipos interdisciplinarios y la adecuación de los centros de privación de libertad, y qué partidas concretas del Presupuesto 2026 se prevé reasignar. Asimismo, planteó que, en caso de que esos recursos resulten insuficientes, se precise la fuente de financiamiento conforme al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera N° 4.938.
El diputado agregó que cualquier mecanismo de financiamiento deberá respetar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. Finalmente, sostuvo que el planteo no apunta a cuestionar la necesidad de adecuar la normativa provincial al régimen nacional, sino a garantizar que las obligaciones previstas puedan ser efectivamente cumplidas. “Queremos una ley que se pueda cumplir. Los jóvenes, las víctimas y los operadores judiciales necesitan un sistema que funcione, y eso empieza por saber cuánto cuesta y quién lo paga”, finalizó.