El Gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo del juez federal Martín Cormick, que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto 759/2025, con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha. La decisión trascendió desde Casa Rosada, donde preparan el recurso. Además, evalúan otras vías legales para postergar el desembolso que exige la norma.
El Gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo del juez federal Martín Cormick, que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto 759/2025, con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha. La decisión trascendió ayer desde Casa Rosada, donde ya preparan el recurso.
Además de la apelación, el Ejecutivo evalúa otras herramientas legales que le permitan postergar el desembolso que exige la norma. Si bien puertas adentro se discute cómo cubrir esas partidas, por el momento el oficialismo apuesta a recurrir cada decisión judicial adversa.
El magistrado, del fuero contencioso administrativo federal, hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, al que se acumuló una demanda de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El decreto había promulgado la ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pero supeditó su ejecución a que se definieran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas al presupuesto. El juez apuntó contra la frase que establecía que la promulgación se hacía “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”.
Según su análisis, esa salvedad sirvió para trabar una ley que el Congreso había ratificado con dos tercios de los votos en cada cámara, después del veto presidencial.
En la resolución, Cormick consideró que el decreto “no supera un test mínimo de razonabilidad”, porque permite dejar sin aplicación, a partir de un artículo de una ley anterior, una norma en la que el Congreso insistió con mayorías agravadas. En consecuencia, ordenó al Ejecutivo el “cumplimiento inmediato” de la ley, con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para aplicarla.
Dos reveses en la Corte
La sentencia llega después de dos pronunciamientos de la Corte Suprema que también fueron adversos para Nación. En junio, el máximo tribunal rechazó el pedido del Estado nacional para apartar a los jueces de la causa por su condición de docentes en universidades públicas. Con ese planteo, el Gobierno buscaba modificar la composición del tribunal que revisaba el decreto.
El Ejecutivo había recusado a Cormick por dar clases en las universidades nacionales de Avellaneda y José C. Paz. La Corte, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, no advirtió de qué manera esa pertenencia al claustro podía incidir en el criterio del magistrado, y descartó que el resultado del expediente pudiera beneficiarlo en su carrera.
En julio, el tribunal dejó firme una medida cautelar del mismo juez, al confirmar dos resoluciones previas. Esa cautelar obligaba a Nación a aplicar los artículos 5° y 6° de la ley, referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes y al financiamiento de las becas estudiantiles.
La disputa también se trasladó a la mesa de negociación. El Gobierno llegó a condicionar una propuesta económica al retiro de las demandas judiciales, y más tarde los rectores cerraron con el área de Educación un acuerdo salarial del 24,3%, que algunos gremios leyeron como una renuncia al reclamo en los tribunales.