El exintendente de Santa Rosa designó nuevos abogados defensores, lo que postergó el inicio del debate por abuso de autoridad. La defensa anterior era ejercida por Luciano Rojas.
El segundo juicio contra el exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, fue reprogramado. El debate estaba previsto para este jueves en el Juzgado Correccional N° 1, pero no pudo iniciarse debido a que el imputado designó nuevos abogados defensores: Jorge Bracamonte (H) y Gabriel Quiroga Barros, en reemplazo de Luciano Rojas.
Ante esta situación, el comienzo del juicio se trasladó para el 22 de octubre de este año. Este plazo permitirá a la nueva defensa conocer el expediente y las pruebas que se tratarán durante el debate.
Guaraz está imputado por el delito de abuso de autoridad en calidad de autor, contemplado en los artículos 248 y 45 del Código Penal. La acusación fiscal sostiene que el imputado utilizó atribuciones de su cargo ejecutivo para dictar resoluciones contrarias a las leyes provinciales y a la normativa municipal vigente.
La causa se inició por hechos ocurridos en mayo de 2021 en Bañado de Ovanta. Según el expediente, Guaraz rubricó el Decreto Municipal Nº 23/2021 para decretar el cierre preventivo del hospedaje y playa de estacionamiento «San Antonio», administrado por Shirli Claribel Cordero. La investigación judicial indica que el exjefe comunal impidió que la dueña abonara las tasas tributarias adeudadas mediante el bloqueo de las vías administrativas locales.
De acuerdo con las actuaciones de la instrucción, el mecanismo consistió en impedir intencionalmente que la propietaria del establecimiento pudiera cancelar sus obligaciones tributarias en las dependencias municipales. Tras bloquear los canales administrativos ordinarios, el Ejecutivo local emitió la norma que ordenó la clausura total y preventiva del local comercial.
La Fiscalía determinó que el uso del poder comunal buscó castigar a la dueña del local tras sus reiteradas negativas a los acercamientos personales y propuestas de índole sexual del exmandatario.
La Corte de Justicia de Catamarca intervino en octubre de 2021 y dejó sin efecto el decreto de clausura por unanimidad, lo que permitió la reapertura del inmueble.
Guaraz llega a este juicio en condición de detención previa. En septiembre de 2024, un tribunal colegiado lo condenó a nueve años de cárcel tras hallarlo culpable de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada por un hecho ocurrido en 2019 contra una menor. La Sala Penal de la Corte provincial rechazó los planteos de la defensa en febrero de 2026, dejó firme el fallo y ordenó su inmediato traslado al penal de Miraflores.