Los dirigentes de GENERAR Silvana Carrizo y Mamerto Acuña sostuvieron que las diferencias contables entre ARCAT y el Fondo Fiduciario son solo una parte del problema y reclamaron mayor transparencia, rendición de cuentas y control legislativo sobre los recursos de regalías mineras.
La ex diputada Silvana Carrizo y el diputado Mamerto Acuña, dirigentes de GENERAR, volvieron a cuestionar el manejo de los fondos fiduciarios mineros en Catamarca. En declaraciones públicas, advirtieron que las diferencias entre los registros de regalías y los recursos informados por el fideicomiso constituyen solo una parte del problema.
El diputado Francisco Monti planteó que existe una diferencia de $3.251 millones entre lo que ARCAT registra como regalías y lo que informa el Fondo Fiduciario. Frente a esa situación, el oficialismo busca explicar la discrepancia. Carrizo y Acuña sostuvieron que, aun cuando esa diferencia pudiera justificarse en su totalidad, el problema estructural continuaría sin resolverse.
“Pero no nos engañemos, aunque esa diferencia se explicara por completo, la cuestión de fondo seguiría sin saldarse”, afirmaron los dirigentes, quienes señalaron que sostienen este planteo desde 2022 y que lo reiteraron en cada debate presupuestario de la Legislatura.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la existencia de un presupuesto paralelo. Según indicaron, las leyes 5.336 y 5.151 establecen que el presupuesto debe contemplar la totalidad de los recursos y gastos del Estado, mientras que los fondos fiduciarios mineros funcionan por fuera de ese esquema general. En ese sentido, recordaron que ya habían advertido sobre esta situación durante el tratamiento del Presupuesto 2023, y que reiteraron el planteo en los debates de los presupuestos 2025 y 2026.
Otro de los ejes es la rendición de cuentas. La Ley 5.642 obliga a presentar informes semestrales ante las comisiones de Hacienda de la Legislatura. No obstante, Carrizo y Acuña consideraron que la documentación remitida resulta insuficiente para conocer con precisión el destino de los fondos. “Las rendiciones y los informes que llegan no permiten saber qué obra se financió, con qué recurso, a qué costo, con qué adjudicatario ni en qué plazo”, señalaron.
Como antecedente, mencionaron que en 2022 solicitaron informes sobre el fideicomiso del Salar del Hombre Muerto, con el objetivo de conocer los ingresos y egresos de cada año, el origen de los aportes recibidos y las obras ejecutadas. Según afirmaron, cuatro años después continúan sin contar con esa información completa.
Asimismo, cuestionaron la autorización de las obras. Sostuvieron que los presupuestos del fondo nunca fueron tratados por la Legislatura y remarcaron que, aunque exista un listado de obras, corresponde al Poder Legislativo autorizar el plan de inversión que involucra recursos públicos.
También se refirieron a los aportes extraordinarios realizados al fideicomiso desde el Tesoro provincial. Plantearon un interrogante sobre la eficiencia del instrumento: “si el fondo es tan eficiente, ¿por qué necesita nuevos recursos del Tesoro una y otra vez?”. De acuerdo con su planteo, tres aportes extraordinarios efectuados en dos años superan los $20.750 millones nominales. El último, por $7.751 millones en septiembre, estuvo destinado a cubrir certificados de obra pendientes.
En 2025 presentaron un proyecto para derogar los fideicomisos creados con regalías mineras, derogar la Ley 5.642 y restablecer el régimen de la Ley 5.128, que contempla la transferencia directa de los recursos a los municipios. La iniciativa, explicaron, se fundamentó en que las regalías deben beneficiar a las comunidades donde se desarrolla la actividad minera y en que los intendentes cuentan con conocimiento directo de las necesidades y prioridades de sus territorios.
Antes de impulsar esa propuesta, señalaron que habían solicitado sin éxito que los flujos del fideicomiso fueran incorporados al presupuesto provincial y que se aplicara la Ley de Administración Financiera. Sin embargo, en diciembre de 2025, la mayoría legislativa aprobó la unificación de los fideicomisos, que incluyó la disolución del correspondiente al Salar del Hombre Muerto y la concentración de los fondos en un único instrumento.
“Hoy los mismos problemas se discuten con más plata en juego”, advirtieron, al considerar que los cambios introducidos no resolvieron las dificultades de fondo relacionadas con la información pública, la rendición de cuentas y el control sobre el destino de los recursos.
Los dirigentes aclararon que sus cuestionamientos no implican una oposición al desarrollo de la actividad minera. Sostuvieron que Catamarca necesita inversiones, generación de empleo, fortalecimiento de proveedores locales e infraestructura, pero remarcaron que ese proceso debe estar acompañado por mecanismos de transparencia. “No estamos contra la minería. Catamarca necesita inversión, empleo, proveedores locales e infraestructura. Pero la licencia social no se construye con opacidad”, expresaron.
Entre sus propuestas, plantearon incorporar los flujos del fideicomiso al presupuesto provincial; publicar las rendiciones semestrales completas, incluyendo la conciliación entre lo recaudado y lo ingresado; e informar las obras por departamento, con detalle de los montos comprometidos, el estado de avance y los certificados pagados y adeudados. Asimismo, reclamaron que el plan estratégico de inversión del fondo sea elevado a la Legislatura para su tratamiento y que se restablezca el sistema de distribución directa de las regalías a los municipios.
Finalmente, insistieron en que estos recursos tienen una finalidad específica vinculada con la compensación, la reparación y la promoción del desarrollo de las zonas de influencia de la actividad minera. Por ese motivo, consideraron que las decisiones sobre su utilización no deben quedar circunscriptas al Poder Ejecutivo, sino que deben adoptarse con información pública, control institucional y participación de las comunidades involucradas. “Las regalías mineras existen para compensar, reparar y promover el desarrollo de las zonas de influencia. Su destino debe decidirse con control, información y participación del territorio, no puertas adentro del Ejecutivo”, concluyeron.