Un estudio del Centro de Economía Política Argentina estima una merma de $7,8 billones anuales en aportes y contribuciones, atribuida a la informalidad laboral y a la creación del Fondo de Asistencia Laboral. El informe sostiene que menos de la mitad de los ocupados realiza aportes al sistema.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte sobre una crisis previsional provocada por la pérdida de recaudación de aportes y contribuciones. El estudio estima una merma de $7,8 billones anuales, a valores de noviembre de 2026, equivalentes a unos USD 5.065 millones.
Según datos oficiales del primer trimestre de 2026, sobre un total de 13.471.636 ocupados, el 45,2% (6.084.751 personas) realiza aportes al sistema previsional. El 28,3% (3.815.499) no lo hace, y un 26,2% (3.529.116) no registra datos. El CEPA calcula que la mayor proporción de empleo sin aportes implica una merma anual de $3,3 billones (USD 2.161 millones), equivalentes al 5,3% de lo recaudado por aportes y contribuciones.
El informe también señala el impacto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado mediante la reforma laboral para financiar indemnizaciones. El FAL se nutre de una contribución del 2,5% de las remuneraciones para las MiPyMEs y del 1% para el resto de los empleadores privados. El Gobierno sostiene que no implica un costo adicional para las empresas. El CEPA afirma que esos aportes salen de las contribuciones patronales que actualmente financian al SIPA, al PAMI, al Fondo Nacional de Empleo y a las Asignaciones Familiares.
De acuerdo con el CEPA, en su primer año de vigencia, de diciembre de 2026 a noviembre de 2027, el FAL provocaría una merma de $4,3 billones, que explicaría el 57% de la pérdida total estimada. En los primeros 24 meses, la Seguridad Social dejaría de recaudar casi $9 billones. Estos recursos dejarían de destinarse a jubilaciones, a la cobertura de salud de los adultos mayores, a la asistencia de los desempleados y a las asignaciones familiares.
El informe menciona que los jubilados ya registran pérdidas de poder adquisitivo y un sistema de medicamentos que se ha vuelto inaccesible para muchos. El CEPA concluye que, de no mediar medidas gubernamentales concretas que contribuyan al financiamiento del sistema, el país se encamina hacia una crisis grave, y que revertir la informalidad, recuperar el empleo registrado y preservar las fuentes de financiamiento de la seguridad social son condiciones para sostener el contrato intergeneracional.