El diputado del MID afirmó que agentes policiales encubiertos lo investigan, según información de su abogado. La Justicia solicitó su desafuero y la Corte rechazó un recurso de casación por falta de fundamentos.
El diputado del MID, Javier Galán, denunció públicamente que está siendo víctima de una investigación ilegal por parte de agentes policiales encubiertos o de civil, según información que le precisó su abogado, Leonardo Berder, a quien no nombró. La denuncia fue realizada sin aportar pruebas.
Esa denuncia pública se inscribe en su relato de una persecución política y judicial de la que se dice víctima, para contrarrestar el efecto de las denuncias penales en su contra que iniciaron el camino hacia el pedido de desafuero.
En sus últimas apariciones, Galán reclamó que la Justicia y el oficialismo quieren «sacarlo de la cancha» y reclamó fundamentos al Juzgado que solicitó su desafuero la semana pasada. La Corte esta semana rechazó el último planteo de casación: la defensa de Galán enumeró una serie de garantías constitucionales que alega haber tenido vulneradas, pero no presentó un solo argumento para sostenerlo.
«La Sala entendió que la defensa se había limitado a invocar la posible afectación de garantías constitucionales, sin explicar de qué manera concreta la decisión cuestionada ocasionaba un perjuicio de esa magnitud que justificara habilitar la revisión por vía de casación. Por estos fundamentos, declaró formalmente inadmisible el recurso interpuesto», precisó la Corte.
«La confirmación parcial del pedido de desafuero no constituye una decisión definitiva, ya que no pone fin a la discusión sobre esa cuestión. Su eventual procedencia se encuentra supeditada a la decisión que adopte la Legislatura», remarcaron.
El juez de Garantías n°4, Marcelo Sago, en la última solicitud firmada el 6 de noviembre, indicó: «El estándar probatorio que se requiere es el de la existencia de mérito suficiente para iniciar la investigación penal preparatoria y dicho estándar es precisamente el de sospecha fundada, la creencia o presunción que una persona pudo haber cometido uno o más ilícitos, sin que resulte una certeza condenatoria, sino solamente la verificación de indicios serios».
La Justicia aclaró que esta instancia del proceso no se trata de un juicio sobre la culpabilidad de Galán, sino de una cuestión preliminar. «La decisión no representa un pronunciamiento sobre la existencia de los delitos investigados ni sobre la responsabilidad penal del legislador. Tampoco supone que se haya dispuesto su desafuero. La solicitud continúa sujeta a la decisión que corresponda adoptar a la Legislatura», se indicó.
El pedido de desafuero no implica que vaya a prosperar en la Cámara de Diputados ni una condena. Implica solicitar a la Legislatura el permiso para abrir una investigación penal preparatoria, en la que la Justicia deberá reunir elementos probatorios suficientes para acusarlo y elevar la causa a juicio, proceso que le permitirá a Galán ejercer su defensa. Aún si fuera condenado, su presunción de inocencia permanecerá vigente hasta que una condena quede firme.