El Senado debate la Ley de Discapacidad con respaldo opositor y objeciones del Ministerio de Economía

La sesión, convocada para este jueves, tratará la sanción definitiva del proyecto que convierte en permanente el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa la iniciativa, mientras el ministro Luis Caputo advirtió sobre su impacto fiscal.

El Senado realizará este jueves una sesión cuyo eje central será la sanción definitiva del proyecto de ley de Discapacidad, que cuenta con respaldo de bloques opositores y del oficialismo. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa el tratamiento de la iniciativa que tuvo dictamen de comisión con el apoyo de aliados y del bloque peronista.

Los temas de la penúltima sesión del año se definirán en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este miércoles a las 15. Además del proyecto sobre Discapacidad, podrían incorporarse la ratificación del Tratado en Cooperación en Materia de Patentes y la ley Joaquín, ambas con sanción de la Cámara de Diputados.

Previamente, el martes a la mañana se reunirá la mesa política para consensuar la agenda parlamentaria de las últimas dos semanas del periodo ordinario. Ese mismo día, a las 15, se discutirá en el Senado el proyecto de reforma electoral que propone la suspensión de las PASO, con el objetivo de firmar el despacho de comisión. También el martes, la comisión de Presupuesto busca emitir dictamen para que el Presupuesto 2027 sea debatido en la sesión del 25 de noviembre.

Bullrich anticipó la semana pasada su voluntad de avanzar con la sanción de la ley de discapacidad. El ministro de Economía, Luis Caputo, había advertido que, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), mantener el régimen de prestaciones del proyecto con media sanción, junto con la actualización mensual por inflación y la implementación de un arancel único del nomenclador, requerirá un refuerzo de $600.000 millones en las partidas del Presupuesto 2027, equivalente al 0,04% del PBI. Para 2028 y años siguientes, el gasto anual superaría los $1,2 billones, alrededor del 0,07% del PBI.

“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, señaló Bullrich el jueves pasado. La senadora también se refirió en la red social X a la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, en Claypole: “Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.

El proyecto con media sanción de Diputados

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, replica el esquema de beneficios de la Ley 27.793 pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad, para convertir sus disposiciones en norma permanente y de orden público.

Entre sus puntos principales, mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. También crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

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