Carrizo propone reforma legislativa para que Catamarca intervenga en juicios sobre concesiones mineras

La exdiputada provincial Silvana Carrizo planteó que la Fiscalía de Estado actúe en la causa por las minas Tati, Tati I y Tati II, en Antofagasta de la Sierra, y propuso cambios normativos para garantizar la participación obligatoria de la Provincia en litigios que afecten derechos mineros.

La exdiputada provincial y dirigente del espacio Generar, Silvana Carrizo, se refirió a la causa judicial que se tramita en Salta por concesiones mineras otorgadas por Catamarca en Antofagasta de la Sierra. En declaraciones a la prensa, sostuvo que la Provincia no se presentó en el expediente para defender los derechos mineros que ella misma otorgó, según surge del dictamen de la Procuración General de la Nación.

El conflicto involucra las minas Tati, Tati I y Tati II, concedidas por Catamarca a la empresa Marhen Lithium, y la mina Tabariogrande, otorgada por Salta a Lithium S Corporation en la misma zona de la Puna. La Justicia de Salta dispuso la suspensión de actividades de Marhen Lithium. El 5 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la causa continúe tramitándose en Salta, aplicando el criterio de prevención ante la falta de delimitación definitiva del límite interprovincial.

Carrizo aclaró que la resolución de la Corte Suprema no determinó la pertenencia territorial de la zona en conflicto, sino que se limitó a resolver qué jurisdicción debía continuar interviniendo en el expediente. No obstante, consideró que la situación debe generar una alerta sobre la responsabilidad institucional del Estado catamarqueño en la protección de sus recursos y concesiones.

En cuanto al marco normativo, señaló que la Provincia contaba con herramientas constitucionales y legales para intervenir en el proceso, aun cuando no hubiera recibido una notificación judicial. Recordó que el artículo 162 de la Constitución de Catamarca reconoce al Fiscal de Estado legitimación para intervenir en todos los juicios en los que se comprometan intereses o derechos provinciales, mientras que la Ley 1553 establece que esa facultad alcanza a cualquier jurisdicción. Asimismo, remarcó que, desde la sanción de la Ley 5682, el Ministerio de Minería ejerce como Autoridad Minera provincial y tiene responsabilidades directas sobre las concesiones y los registros correspondientes, a través de la Escribanía de Minas.

Carrizo consideró necesario conocer si el organismo tomó conocimiento de las actuaciones judiciales, si la medida cautelar fue registrada y si se dio intervención a la Fiscalía de Estado. «No se trata de buscar culpables. Se trata de que la Provincia tiene la facultad constitucional de defender sus títulos y no la usa. Todavía está a tiempo», afirmó.

La dirigente también advirtió sobre la existencia de vacíos en la legislación provincial que deberían corregirse para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Según explicó, ni la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado ni el Código de Procedimientos Mineros contemplan un mecanismo específico que garantice la intervención provincial obligatoria cuando se desarrollan litigios entre particulares que pueden afectar concesiones mineras catamarqueñas, especialmente en zonas donde existen controversias limítrofes con otras provincias.

Frente a este escenario, propuso impulsar una reforma legislativa que establezca la obligación de la Autoridad Minera y de la Escribanía de Minas de comunicar inmediatamente a la Fiscalía de Estado cualquier medida judicial, independientemente de la jurisdicción en la que se dicte, que afecte derechos mineros otorgados por Catamarca. También planteó que la intervención de la Fiscalía sea obligatoria en los procesos vinculados con zonas de límites interprovinciales todavía no definidos y que se cree un registro público de los derechos mineros catamarqueños ubicados en esas franjas, incluyendo las posibles superposiciones con concesiones otorgadas por otras provincias.

En lo inmediato, reclamó que el Ministerio de Minería informe si recibió comunicaciones del Juzgado de Minas de Salta, si la medida judicial fue incorporada a los registros provinciales, si la empresa titular notificó sobre la existencia del conflicto y si se dio intervención a los organismos competentes. Al mismo tiempo, pidió que la Fiscalía de Estado se presente en la causa y ejerza la representación de los intereses provinciales, dejando expresamente establecido que lo que se resuelva en ese expediente no puede condicionar la futura delimitación territorial ni resultar oponible a Catamarca por fuera de las partes involucradas.

En su análisis legal, recordó que los actos públicos provinciales, entre ellos el otorgamiento y registro de concesiones mineras, cuentan con el reconocimiento previsto en el artículo 7 de la Constitución Nacional, y que el artículo 124 reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios.

Para Carrizo, la respuesta definitiva al conflicto requiere avanzar en la delimitación del territorio entre Catamarca y Salta, una atribución que corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación, conforme al artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional. Por ese motivo, convocó a los diputados y senadores nacionales por Catamarca, de todos los espacios políticos, a trabajar para la fijación definitiva del límite interprovincial entre ambas provincias.

«Esto no es una causa de un partido, es el territorio de Catamarca y el litio de los catamarqueños. La Provincia tiene argumentos históricos y jurídicos sólidos, desde el decreto de 1904 y el Decreto 9375/1943. Lo que falta es decisión para defenderlos en cada expediente y para conseguir la ley», concluyó.

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