Denuncian penalmente al intendente Mario Páez por la cesantía de un empleado municipal en Santa Rosa

La presentación fue radicada ante la Fiscalía General y solicita investigar presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad documental en el sumario disciplinario que terminó con la cesantía de Guillermo Ortega.

Un trabajador municipal identificado como Guillermo Ortega denunció penalmente al intendente Mario Páez y a otros funcionarios por el sumario que concluyó con su cesantía. El escrito fue radicado ante la Fiscalía General y pide investigar presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad documental.

La denuncia involucra al intendente por su participación en el trámite y por las instrucciones que habría impartido sobre el acceso al expediente. También menciona a los funcionarios que firmaron las resoluciones y el decreto de cesantía, e incluye a los responsables de las áreas de Personal, Hacienda y Tesorería, aún no identificados, por lo que solicita que se investigue a quienes resulten responsables. El texto aclara que la mención de un cargo no implica una acusación contra una persona en particular.

Ortega, empleado de planta permanente de la Municipalidad de Santa Rosa, relató que el conflicto se originó en un episodio ocurrido el 24 de agosto, cuyos hechos son investigados por separado en la Justicia penal. A partir de ese hecho, la comuna inició un sumario y lo suspendió sin goce de sueldo. El 20 de octubre se le otorgaron cinco días hábiles para presentar su defensa final y el 6 de noviembre se dictó el decreto que dispuso su cesantía, notificado el 11 de noviembre.

El trabajador presentó además un amparo ante la Corte de Justicia por la suspensión sin sueldo, al que el 13 de noviembre agregó la cesantía y un pedido de medida urgente. En la denuncia aclara que esas vías no reemplazan la investigación penal.

Según el escrito, el primer hecho a investigar ocurrió el 22 de octubre, cuando su abogada, Dahiana Quinteros, concurrió a la Municipalidad para revisar el expediente. De acuerdo con su testimonio, empleados municipales le indicaron que necesitaba una autorización previa del intendente, por lo que no pudo acceder a las actuaciones. Ortega solicita que se determine quién impartió esa indicación y cómo afectó su derecho a la defensa.

Otro punto de la denuncia se refiere a los documentos del trámite. Ortega señala una fecha que no coincide en una notificación de septiembre y pide comparar los originales con los registros. En el texto escribió: “No afirmo falsificación consumada”, y aclaró que primero debe establecerse si se trató de errores o de documentos alterados.

El último reclamo se refiere al salario. Ortega sostiene que desde septiembre no recibe depósitos en su cuenta bancaria, aunque sus recibos muestran pagos normales, sin los descuentos correspondientes a la suspensión. Pide que se comparen esos recibos con los movimientos bancarios y con las órdenes de pago. Según indicó, la falta de cobro afecta a su familia, de la que es el sostén económico.

La cesantía fue cuestionada por familiares, allegados y distintos sectores que reclaman la reincorporación de Ortega. El caso había generado manifestaciones y protestas en la delegación municipal de Lavalle.

Acusación previa por amenazas

Páez, quien asumió como intendente en diciembre de 2023, había sido acusado en julio por el vecino Aldo Rubén Cuello, quien difundió un comunicado sobre un episodio ocurrido en una estación de servicio de La Merced. Según su relato, una camioneta lo pasó a alta velocidad y frenó de golpe para ingresar antes que él, lo que lo obligó a realizar una maniobra brusca. Cuello contó que, cuando le dijo al conductor, que según él era Páez, que había sido imprudente, este le respondió que se corriera para que pasara y le preguntó si quería que se bajaran del vehículo. El vecino interpretó esa frase como una invitación a pelear.

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