El abogado defensor de Jorge Rolando Romano, imputado por lesiones graves, presentó objeciones a la elevación a juicio y sostuvo que la Fiscalía no precisó las acciones concretas que se le atribuyen a su cliente.
La defensa del policía Jorge Rolando Romano, imputado por lesiones graves y enviado a juicio por el caso conocido como ‘baile a los cadetes’, presentó una serie de cuestionamientos contra la investigación realizada por el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla. Los planteos fueron expuestos por el abogado defensor, Juan Pablo Morales, en la oposición a la elevación a juicio de la causa.
Según la defensa, el fiscal construyó la acusación contra Romano sobre tres circunstancias: su condición de subcomisario y jefe de Estudios; su presencia en el predio durante el período investigado; y los testimonios que lo ubican impartiendo determinadas órdenes durante las actividades. En ese sentido, el defensor enfatizó que la investigación no precisó cuáles fueron las acciones concretas que ejecutó Romano y de qué manera influyeron en las lesiones que sufrieron los cadetes.
“La Fiscalía debía identificar qué órdenes concretas impartió mi defendido, en qué momento las habría impartido, a cuáles aspirantes estuvieron dirigidas, qué intervención tuvieron los restantes funcionarios y cuál fue el aporte concreto de Romano en la producción de cada uno de los resultados lesivos. Una cosa es acreditar que existieron ejercicios físicos exigentes y otra muy distinta es demostrar quién los ordenó, en qué condiciones y con qué intervención concreta de cada funcionario”, indicó Morales.
Por otra parte, el abogado señaló que la calidad de la imputación que recayó sobre Romano surgió de una “operación de descarte”. En ese contexto, consideró que la Fiscalía debe demostrar la participación del numerario en los hechos con “elementos propios, autónomos y suficientes”, y remarcó que “la coautoría no puede surgir de una operación de descarte”. “La acusación pretende completar ese déficit mediante una inferencia: como Romano era el oficial de mayor jerarquía presente, debe haber sido quien dirigió el rigorismo físico y, por tanto, debe responder como coautor”, añadió.
Además, mencionó la existencia de una “estructura institucional” en la que intervenían un director, un jefe de Estudios, numerarios policiales y profesores de educación física habilitados para las actividades físicas. “La existencia de esa organización no permite concluir que toda actividad realizada durante la jornada fuera ejecutada, dirigida o controlada penalmente por Romano”, apuntó.
El fiscal Costilla envió a juicio a Romano por el delito de “lesiones graves calificadas por ser cometido mediando abuso funcional de miembros de la fuerza policial, en concurso ideal (ocho hechos)”, en calidad de coautor. Según la acusación, el 30 de diciembre de 2016, durante el período de adaptación de aspirantes a ingresar a la Policía de la Provincia en el campamento N° 1 de Las Pirquitas, departamento Fray Mamerto Esquiú, un grupo de aspirantes habría sido sometido a ejercicios físicos extremos y continuos, con escasos intervalos de descanso, sin la hidratación necesaria y bajo altas temperaturas. Ante esto, Romano se opuso a ir a juicio y pidió el sobreseimiento.
