Luego de acusar avasallamiento y desalojos, integrantes distintos pueblos originarios presentaron denuncias contra la Fiscalía Federal, contra el INAI y contra la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia por la falta de entrega de personería jurídica y de títulos comunitarios.
«Las comunidades dijeron basta y hoy están exigiendo lo que por derecho corresponde», expresaron durante el último encuentro mantenido con funcionarios de gobierno esta misma semana, tratando de avanzar en regularizar este tema burocrático.
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Las respuestas no llegan y es por eso que este jueves decidieron volver a manifestarse en Casa de Gobierno para exigir la regularización dominial.
Silvana Llanes, abogada y representante legal de las comunidades, señaló al respecto: “La semana pasada hemos tenido una reunión con personal de la Secretaría de Pueblos Indígenas, donde se le plantearon estos puntos, se le pidieron explicaciones de por qué la excesiva dilación para otorgar las personerías jurídicas a las comunidades, por qué no las registraron en el RENACI, teniendo en cuenta que han presentado absolutamente todos los papeles y cumplen con todos los requisitos, ya que son preexistentes a cualquier Estado de Derecho y no se le puede pedir un requisito más o menos del ADN de dónde vienen. Así que estuvimos, nos dijeron que siempre culpando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no les mandan, que no los ayudan, que no les aportan, cuando hay un convenio entre la provincia y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que ellos tenían el deber y la obligación de hacer los relevamientos territoriales con técnicos de acá para que vayan a las diferentes comunidades lo cual no han hecho, no han entregado las carpetas técnicas, hay una irregularidad total en la situación en la cual se maneja la Secretaría de Pueblos Indígenas justamente lo que pasó acá es que en la reunión no supieron explicar no nos supieron brindar una respuesta concreta a por qué la dilación y por qué la inactividad y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
“Atento a todo lo que está pasando, a los desalojos ilegítimos que están ocurriendo, como el hostigamiento a la comunidad Cueva del Inca, el hostigamiento a las diferentes comunidades, manifestando que son terrenos del Estado que ocupan algunas comunidades, no, error, acá son preexistentes a cualquier Estado de Derecho y que las comunidades originarias no es que piden permiso, son dueñas de esas tierras y acá quienes fueron usurpadores y tomadores ilegítimos de esos terrenos es el gobierno. Entonces, en este caso lo que se está pidiendo es el reconocimiento de la identidad, la cultura y el territorio que ancestralmente ocupan las comunidades originarias. Así que en virtud de eso, ayer nos reunimos nuevamente con la señora Analía Ruiz para confirmarle nuestra presencia el día de hoy, porque ya cumplimos con nuestra parte de ir a la Secretaría y pedir todos los informes. Hoy vamos a traer la nota con todas las comunidades que están teniendo problemas de su situación particular”, añadió la letrada.
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Caso Caspalá
Por otra parte, Llanes brindó novedades en torno a incumplimientos en la reparación histórica al pueblo de Caspalá: “ Nuevamente tenemos acá en la cabeza la Secretaría de Pueblos Indígenas que recibe a la comisionada municipal y cuando nuestra presidenta, la señora Lucía Apaza, les preguntó en esa reunión a qué había ido la señora Rosa, le dijeron que no podían brindar la información cuando la secretaria tiene que informar, brindar asesoramiento a la comunidad, no a la comisión municipal. Después nos enteramos de que esta señora, con toda la comisión municipal, está haciendo firmar una nota que no lleva ni sello ni firma de la comunera, que tampoco el consejo comunitario tenía idea de que están pidiendo una asamblea extraordinaria con el único fin de intentar deslegitimar la personería de la señora Lucía, que tiene mandato hasta julio del 2026”.
“Eso ya ha sido denunciado el día de ayer, se ha puesto en conocimiento, se ha brindado los nombres de todos los vocales que forman parte de la comisión, porque esto no se puede realizar de esa manera, porque están violando obviamente la consulta libre previa e informada y lo gravoso es que ni la comunera Lucía, ni ninguno de los integrantes del Consejo Comunitario sabía de este pedido”, remarcó.
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