La causa en la que se investiga la supuestas malversación de fondos del Juzgado Contravencional Nº 1, a cargo del ex juez Matías Ustarez, sumó un nuevo condimento con la grave acusación formulada sobre la pérdida de 600 expedientes de dicho organismos.
La abogada Alejandra Cejas, representante legal del ex trabajador de dicho ente que reveló información sobre las presuntas maniobras que se realizaban allí, en diálogo con Radio 2 apuntó contra la desaparición de información desde el juzgado, que podría haber sido vital para conocer el destino de los fondos que habrían sido malversados.
La letrada, haciendo referencia a la entrevista que su cliente le dio a nuestro medio, recordó que en el caso de su defendido, él es «abogado, no es solamente un mal imputado, sino que es un colega que conoce de la ley y él sabe muy bien todo lo que expresa y cómo está el proceso y por eso mismo denunció al fiscal Funes por encubrimiento. Él declara en el marco de que le ofrecen ser testigo arrepentido e informar todo, cuando denuncia a Ustarez y las maniobras que él veía. Pero ya no en su carácter de trabajador del juzgado, sino que lo hace de manera particular, porque él hacía trámites como abogado».
Embed – Temor por la vida del denunciante de la desaparición de pruebas en el Juzgado Contravencional
Dijo Cejas que con toda la información que aporta su cliente, «lo imputan, agravan su situación y además generan un marco de impunidad para el mismo Ustarez. Yo entiendo que el MPA cuando inicia, yo tengo que decirlo yo ingresé en la causa hace hace en el mes de julio, secuestró más de 600 expedientes del contravencional. ¿Dónde están y qué hicieron con eso?. Porque ningún expediente contravencional tiene el registro de dónde fueron los pagos que se hicieron».
Por otro lado, manifestó que «con las cosas que dijo en la entrevista que le brindó a ustedes, Matías dio muchos datos de cómo eran la cadena en los casos de los donativos y cómo se repartía el dinero. Y ahora nosotros estamos haciendo una ampliación con parte de lo que expresó en el medio y donde él dice, que se usaban 10 gorros y con eso se pagaban y se reproducía la plata con las mismas supuestas donaciones. En este sentido, el involucramiento que hay de funcionarios públicos de todos los poderes, es gravísimo«.
Además, la abogada se refirió a las expresiones del secretario a cargo del Ministerio de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, en relación a las auditorias y el reconocimiento del faltante de pruebas que deberían estar incorporadas a esta causa, expresando que «lo de Pulleiro, la verdad que suma otro ingrediente más, porque estas son cuestiones públicas, estos son delitos de instancias públicas y este problema del contravencional no requiere de mucho esfuerzo probatorio. Hay que ver ver las rendiciones de cuentas y hay que ver los presupuestos anuales de la provincia. Imaginemos que por año tendrían que haber ingresado de los contravencionales o por lo menos de este primer contravencional que es el donde estaba Ustarez, un aproximado de 2000 millones de pesos. La pregunta es si este dinero figura en el presupuesto y la verdad es que no. De hecho, nosotros aportamos como parte del material probatorio, dónde iba el ingreso. Y yo les sumo otro ingrediente más. Una de las denuncias que se le hace al procurador Lello Sánchez es que hacían recaudación dentro del Ministerio Público de la Acusación y eso no ingresa a Rentas Generales. O sea, porque es todo presupuesto público. El tema es quien manejaba la plata, quien tenía la cuenta única y esto lo denunciamos hace años, pero el Juzgado Contencioso Administrativo nunca hizo nada, porque a esa cuenta única la manejaba el gobernador Morales, de todos los poderes».
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Foto: Alejandra Cejas, abogada.